Entre 8 o nueve meses una trabajadora del Hospital de Especialidades del ISSSTEP fue presuntamente acosada por un superior.
No hablamos de insinuaciones ambiguas, sino de intentos reiterados de besos, tocamientos sin consentimiento en espacios públicos, traslados irregulares de área y presión directa para “aceptar” una relación.
Acusa directamente a Sergio Velázquez Sánchez, encargado del despacho de la Subdirección Administrativa.
La escena constantemente: el funcionario aparece cuando la jefa directa no está; invade el espacio físico; insiste pese al rechazo explícito.
En una explanada, le toca el cuerpo.
En una puerta, mete la mano.
En una oficina, la acorrala, la abraza y la besa por la fuerza.
“¿Que no entiendes que me gustas y quiero tenerte?”, le dice.
Ella lo empuja, grita, se contiene para no defenderse con violencia porque sabe —y esto es clave— que en estas historias quien se defiende termina siendo la agresora.
Incluso ya interpuso una denuncia el 17 de diciembre de 2025 ante el comité de igualdad laboral y no discriminación, con la cual contamos.
Pero hasta el momento, la institución simplemente no protegió y no ha pasado nada al presunto acosador.
Ahí, entra un segundo nivel del problema.
Cuenta que la jefa directa, María Patricia Trujillo Benavides, estaba enterada, pero minimizó.
“¿Por qué no te lo ligas?”, le dijo.
Dos veces subió a pedirle que no denunciara ante instancias superiores.
Hubo testigos, conocimiento pero no acción.
Incluso señala que dio aviso al subdirector Luis Alberto Arriaga.
Ahí se habló de “escalar” el tema.
Pero solo le dieron vacaciones para “protegerla” sin investigación visible, sanción o medidas cautelares claras.
El presunto agresor simplemente dejó de presentarse.
Salida discreta con imagen a salvo.
Mientras tanto, el acoso cambia a laboral.
Cuenta que comienzan las órdenes absurdas, la presión administrativa, el desgaste mal intencionado a todas luces.
Trabajos rehechos sin sentido, instrucciones contradictorias, intentos de reubicarla en áreas que comprometen su salud —bodegas con químicos, espacios donde se realizaban autopsias—.
La vieja receta de si no puedes silenciarla, empújala a que se vaya.
Así no hay respuesta estructural ni actuación efectiva del Comité de Ética.
A pesar de la queja presentada, hay cero resultados ni consecuencias visibles.
La denunciante lo dice con claridad que pudo haber ido al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Contraloría, pero no lo hizo, no porque no haya materia, sino porque aún confía —o quiere confiar— en que su trabajo no tenga que pagarse con su dignidad.
¿El ISSSTEP estará dispuesto a tolerar que un mando acose y que la presunta víctima termine castigada?
Tiempo al tiempo.