En Puebla existe una forma de delincuencia que no usa armas ni se mueve en camionetas blindadas. Opera en oficinas, juzgados, notarías y despachos jurídicos. Sus herramientas no son rifles ni violencia callejera, sino escrituras falsas, hipotecas simuladas, juicios amañados y resoluciones judiciales hechas a modo. Por eso cada vez más víctimas y periodistas lo llaman por su nombre: el cártel del despojo.
Lo verdaderamente grave es que este fenómeno no parece ser obra de delincuentes improvisados. Los casos documentados en Puebla muestran la presunta participación de abogados, notarios, operadores inmobiliarios y funcionarios judiciales, lo que convierte el despojo en un negocio sofisticado que utiliza al propio sistema legal para robar propiedades.
Uno de los casos más indignantes es el de Rafael Saldaña Granda, quien desde hace más de 30 años pelea en tribunales por un terreno que compró legalmente a finales de los años ochenta en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.
Según su denuncia pública, el despojo se ha intentado consumar mediante hipotecas simuladas y escrituras falsas, un mecanismo común en redes de fraude inmobiliario. El caso llegó hasta el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, donde —de acuerdo con el propio afectado— operadores del llamado cártel del despojo habrían cabildeado con magistrados para obtener una resolución favorable.
La gravedad de la denuncia es mayúscula: el proyecto de sentencia habría circulado antes de la sesión del tribunal, algo que debería ser confidencial. Para Saldaña, esto confirmaría que hubo negociación interna para favorecer a los despojadores.
Mientras tanto, el terreno en disputa ya estaría siendo desarrollado por la inmobiliaria Grupo UNE mediante un fideicomiso financiero con Intercam Banco, el cual posteriormente fue cedido a Kapital Bank.
Es decir: un predio que sigue en litigio judicial podría estar siendo urbanizado antes de que exista una resolución definitiva.
Las denuncias también señalan la presunta participación de operadores encabezados por César Iván Bermúdez Minutti, a quien se le acusa de encabezar una red de tráfico de influencias con notarios, jueces y funcionarios públicos.
Si este caso fuera aislado, podría interpretarse como un litigio complicado. Pero no lo es.
Uno de los episodios más documentados ocurrió en la colonia Gobernadores, donde al menos siete familias denunciaron haber sido despojadas de sus viviendas mediante un esquema judicial irregular.
El mecanismo fue tan absurdo como alarmante.
Se inició un juicio mercantil en Oaxaca por una supuesta deuda de poco más de un millón de pesos. En ese proceso judicial, los demandados ofrecieron como garantía casas ubicadas en Puebla que ni siquiera les pertenecían. A pesar de ello, un juez autorizó el embargo de las viviendas y posteriormente se ejecutaron desalojos.
Las familias afectadas ni siquiera formaban parte del juicio.
En algunos casos, los desalojos se realizaron con grupos de personas que llegaron a las casas con documentos judiciales, cambiaron cerraduras y sacaron pertenencias. Una de las víctimas denunció que cerca de 40 personas ingresaron a su vivienda para expulsarla, mientras los verdaderos propietarios trataban de demostrar que nunca habían sido parte del proceso judicial.
Otro caso en la misma colonia fue el de un propietario que vivía en Estados Unidos. Mientras él estaba fuera del país, su vivienda fue ocupada por terceros que llegaron con documentos legales aparentemente válidos.
Cuando el dueño intentó recuperar su casa, el inmueble ya tenía otro propietario en registros oficiales.
Este tipo de operaciones revela el verdadero funcionamiento del cártel del despojo:
primero se fabrican documentos o juicios, luego se obtienen resoluciones judiciales y finalmente se toma físicamente la propiedad.
El problema se agrava cuando aparecen indicios de que notarías y oficinas del Registro Público de la Propiedad participan en el proceso, validando escrituras o cambios de propietario con irregularidades.
De hecho, investigaciones oficiales han señalado que al menos una decena de notarías en Puebla han sido investigadas por posibles vínculos con operaciones de despojo inmobiliario.
No se trata de delincuentes comunes. Se trata de una estructura de corrupción de cuello blanco que utiliza al sistema legal como instrumento para apropiarse de bienes.
El patrón se repite en varias zonas donde el valor del suelo ha aumentado considerablemente: terrenos cercanos a desarrollos inmobiliarios, propiedades abandonadas temporalmente o predios en disputa judicial.
Y es ahí donde el negocio se vuelve multimillonario.
Porque el despojo inmobiliario no solo implica quitarle una casa a una familia. También significa convertir ese inmueble en un activo comercial para desarrollos urbanos, fraccionamientos o proyectos inmobiliarios.
El ciudadano común enfrenta entonces una batalla desigual: por un lado están sus escrituras y años de posesión; por el otro, despachos jurídicos, operadores financieros, desarrolladoras inmobiliarias y resoluciones judiciales aparentemente legales.
La pregunta que queda en el aire es devastadora:
¿qué seguridad tiene un ciudadano de que su casa realmente le pertenece?
Porque si una red puede fabricar escrituras, manipular juicios y conseguir resoluciones judiciales favorables, entonces el derecho de propiedad se vuelve una ilusión.
Puebla presume crecimiento inmobiliario, expansión urbana y desarrollo económico. Pero detrás de ese boom existe un mercado oscuro donde los terrenos cambian de dueño mediante trampas legales y tráfico de influencias.
Y mientras las víctimas pasan años en tribunales tratando de recuperar su patrimonio, los desarrollos inmobiliarios siguen avanzando.
El cártel del despojo no necesita violencia visible.
Le basta con algo mucho más poderoso:
La corrupción dentro de la justicia.