* Se estará pidiendo al infractor rectificar en su conducta, la segunda será sancionado
Por Epigmenio ROJAS CASTRO
CHOLULA.- El reglamento ya aprobado y publicado, del Sistema Operador de Limpia, contempla sanciones que van desde los 250 pesos, por no barrer el frente de su domicilio o comercio, hasta un millón de pesos a empresas que saquen basura a dejar en las calles o espacios no autorizados para ello.
La ley que contempla las sanciones a los ciudadanos quienes tiren basura en la calle, data desde el 2015, “Se actualizó dicha ley, se siguieron los conductos adecuados para que entrará en vigor y desde hace un par de semanas, se cumplió con todos los requisitos y se aplica. En dicha ley están especificadas las sanciones, debe quedar claro los montos no los puso el actual gobierno, solo se actualizaron a la unidad montería actual”.
La sanción mínima a poder aplicar al infractor es de 250 pesos, la máxima es de un millón de pesos, lo cual deben de conocer los ciudadanos de todo el municipio, para no caer en actos que les puedan implicar pagar una multa. Las multas más elevadas son para empresas o particulares que tiren en espacios abiertos, desechos peligrosos o de alto grado de contaminación.
Marisol Camacho, indicó “La presidenta municipal ha dejado en claro y nos ha pedido, que estas sanciones no se deben de ver como algo recaudatorio, por ello cualquier infractor sorprendido por vez primera, será llamado a rectificar su postura, en caso de reincidir se le tendrá que aplicar la sanción correspondiente, el problema de la basura tirada en la calle o el sacar los desechos domésticos fuera de los horarios establecidos, provocan serios problemas, sobre todo en esta temporada de lluvias”.
Agregó que está por iniciar una campaña informativa a toda la ciudadanía, para que conozca cuales son las infracciones que un ciudadano debe de evitar y con ello la sanción correspondiente. Podría ser en menos de un mes cuando la campaña esté iniciando y ahí se estará estableciendo en que momento empezarán a aplicarse la sanación a la cual se hace acreedor algún ciudadano.