Durante años, la corrupción en el servicio público ha sido entendida casi exclusivamente como el uso indebido de recursos económicos. Sin embargo, esta mirada resulta insuficiente para explicar por qué, aun en contextos donde no hay escándalos financieros visibles, los gobiernos fracasan en su función básica: servir con eficacia, legalidad y sentido público. Existe una forma de corrupción sigilosa y normalizada, que no deja rastros contables evidentes, pero sí consecuencias profundas: gobernar sin criterio. Funcionarios que ocupan cargos de alta responsabilidad sin comprender el alcance de las decisiones, que firman por instrucción, que obedecen sin analizar y que delegan el juicio ético en terceros. No roban, pero tampoco gobiernan. Este fenómeno erosiona la administración pública desde dentro. Cuando el criterio se sustituye por la obediencia ciega, el poder deja de ser una herramienta de conducción institucional y se convierte en una simple correa de transmisión. Y ahí, aunque no haya delito tipificado, sí hay una grave falta ética que debe ser nombrada. Ejercer un cargo público no es únicamente ocupar una posición dentro de un organigrama. Implica asumir una obligación de juicio, una responsabilidad activa de comprender, valorar y decidir sobre asuntos que afectan la vida colectiva. A esa capacidad de análisis, discernimiento y toma de postura fundada se le llama criterio, y lejos de ser una virtud opcional, constituye una exigencia inherente al poder público. El criterio no se reduce al conocimiento técnico ni a la experiencia administrativa acumulada. Aunque es necesaria. ante todo, la capacidad de entender el alcance de una decisión, anticipar sus consecuencias y asumir la responsabilidad que de ella se deriva. Un servidor público con criterio no se limita a ejecutar instrucciones: evalúa, pregunta, delibera y, cuando es necesario, objeta. Porque gobernar no es obedecer; gobernar es decidir con conciencia institucional. En la práctica cotidiana de muchos gobiernos, esta obligación se diluye. Se confunde el cumplimiento formal de una instrucción con el ejercicio legítimo del cargo. Se normaliza la firma automática, la aprobación por inercia, la omisión disfrazada de trámite. Sin embargo, cuando el criterio desaparece, el poder pierde su carácter público y se transforma en un acto mecánico, carente de sentido ético y de responsabilidad política. Renunciar al criterio no exonera responsabilidades; por el contrario, las agrava. Alegar desconocimiento, presión jerárquica o costumbre administrativa no elimina las consecuencias jurídicas ni éticas de los actos de gobierno. Por ello, el criterio debe entenderse como una obligación funcional, no como una cualidad personal deseable. En muchos espacios de la administración pública, la obediencia ha sido elevada a valor supremo. Se le confunde con disciplina, con lealtad institucional o incluso con eficiencia. Sin embargo, cuando la obediencia se ejerce sin reflexión ni cuestionamiento, deja de ser una virtud organizacional y se convierte en una práctica que anula el criterio y debilita al Estado. La obediencia acrítica se construye como cultura. Se aprende en oficinas donde preguntar incomoda, donde disentir se interpreta como deslealtad y donde pensar demasiado es visto como un obstáculo para «sacar el trabajo». Bajo esta lógica, el buen funcionario no es quien comprende el fondo de los asuntos, sino quien ejecuta sin objeciones. Esta práctica tiene un efecto profundo: desplaza la toma de decisiones reales hacía unos cuantos, mientras el resto de la estructura se limita a validar, firmar o implementar. El poder se concentra, pero la responsabilidad se dispersa. Cuando algo falla, nadie decide; todos obedecieron. Muchos servidores públicos prefieren no saber, no preguntar, no profundizar. La ignorancia voluntaria se convierte en refugio frente al riesgo. Sin embargo, esta actitud no elimina la responsabilidad ética; solo posterga sus efectos. Cuando esta práctica se normaliza, se convierte en corrupción estructural. En la Roma del Anáhuac hemos sufrido en los últimos dos años la indolencia, la intolerancia, la improvisación, la ignorancia, el despotismo y nepotismo desde una posición que debería ser por su naturaleza conciliadora, hoy discrimina y ataca a quien no piensa como ellos, el área de gobernación municipal tiende a actuar sin criterio, distorsiona la noción de responsabilidad. la decisión se fragmenta y nadie responde plenamente. La confianza ciudadana erosionada es una realidad, políticas fallidas y oportunidades perdidas.
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