Puebla vuelve a teñirse de rojo. Y no es una metáfora exagerada: es la descripción brutal de una realidad que cada semana se repite con nombres distintos, pero con el mismo final. El asesinato de mujeres por razones de género se ha convertido en una constante que ni las autoridades ni la sociedad han logrado frenar.
Las cifras confirman que no se trata de percepciones, sino de una tendencia alarmante. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años Puebla se ha mantenido entre los estados con mayor número de feminicidios en el país, registrando decenas de casos anuales bajo esta clasificación jurídica. Tan solo en algunos periodos recientes se han contabilizado entre 20 y 40 feminicidios por año, sin contar los homicidios dolosos de mujeres que muchas veces también presentan características de violencia de género.
Si se observa el fenómeno desde una perspectiva más amplia, la violencia contra las mujeres resulta aún más grave. El propio Secretariado Ejecutivo ha reportado que cada año se registran más de 100 asesinatos de mujeres en el estado, sumando feminicidios y homicidios dolosos. Esto significa que, en promedio, una mujer es asesinada aproximadamente cada tres días en territorio poblano.
Las estadísticas también muestran una preocupante concentración territorial. El municipio de Puebla ha figurado en distintas mediciones nacionales entre los municipios con más casos de feminicidio registrados en la última década, lo que refleja que el problema no solo es estatal sino particularmente grave en la zona metropolitana.
La última semana de marzo volvió a recordarlo de la manera más cruel.
Uno de los casos que estremeció recientemente a la opinión pública ocurrió en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis, una zona que durante años ha sido símbolo de seguridad y desarrollo inmobiliario en la zona metropolitana. Ahí fue hallado el cuerpo de una mujer dentro de un departamento, presuntamente asesinada por otra mujer. El caso generó un fuerte debate público porque rompió con el estereotipo tradicional del agresor masculino y evidenció que la violencia extrema también puede presentarse en distintos contextos sociales.
A ese hecho se suma otro hallazgo que conmocionó a la capital poblana. El domingo 29 de marzo fue localizado el cuerpo de una mujer dentro de un refrigerador abandonado frente al panteón de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio. El cadáver presentaba huellas de violencia y hasta el momento ni siquiera había sido plenamente identificado. La escena fue tan brutal como simbólica: una mujer tratada como objeto desechable.
Pero estos casos no son hechos aislados. De acuerdo con registros hemerográficos y reportes de organizaciones civiles, en apenas dos semanas de marzo se documentaron al menos ocho asesinatos de mujeres en el estado, lo que confirma la frecuencia con la que se repite esta violencia.
El problema es que cada vez que ocurre un feminicidio la respuesta institucional suele ser la misma: comunicados, condenas públicas, promesas de investigación y, en el mejor de los casos, detenciones que llegan tarde. Pero mientras los discursos se repiten, los números siguen creciendo y las familias siguen buscando justicia.
Las historias recientes lo muestran con crudeza. Mujeres asesinadas en viviendas, en fraccionamientos exclusivos, en terrenos baldíos o abandonadas en contenedores. Escenarios distintos que comparten un mismo denominador: violencia extrema y, muchas veces, impunidad.
Porque ese es el verdadero problema: la violencia feminicida prospera cuando el agresor sabe que probablemente no será castigado.
Mientras tanto, las marchas del 8 de marzo vuelven cada año con las mismas consignas, las mismas cruces rosas y los mismos reclamos: seguridad, justicia y políticas públicas que realmente funcionen. Pero la pregunta incómoda sigue en el aire.
¿Cuántas mujeres más tendrán que morir para que el problema deje de tratarse como una estadística?
El feminicidio ocurrido en Lomas de Angelópolis, el cuerpo abandonado en San Sebastián de Aparicio y los múltiples casos que siguen acumulándose en la entidad son recordatorios brutales de que en Puebla ser mujer todavía puede significar vivir bajo una amenaza permanente.
Y lo más preocupante es que, si nada cambia, la próxima semana volveremos a escribir otra columna con otra víctima. Con otro nombre. Con otra familia exigiendo justicia.