Alejandro MARIO FONSECA
CHOLULA.- Hará unos 4 o 5 años cuando visité el Museo Barroco en la ciudad de Puebla. Me gustó. Si no lo conoce, vaya es una excelente oportunidad de conocer una de las etapas culturales más ricas de nuestra historia.
Voy a hablar aquí de lo que le falta: una sala dedicada a la política, al régimen político de la época: el patrimonialismo. Como usted verá, mutatis mutandis, en esencia el régimen político actual no ha cambiado mucho, quizás por ello no fue necesario dedicarle una sala.
El virreinato mexicano fue un modelo de dominación impuesto por España y por mucho tiempo considerado fiel reflejo de su monarquía absoluta. Para Octavio Paz* hay una diferencia capital entre el sistema político novohispano y el de la metrópoli: los grupos que componían a la sociedad novohispana no tenían representación política nacional y no conocieron las Cortes, es decir, la forma hispánica de parlamentarismo.
En Nueva España el Estado fuertemente centralizado y con una burocracia poderosa, conservó los particularismos, el regionalismo y las jurisdicciones privilegiadas del medioevo: no existía igualdad ante la ley, había leyes especiales para los diferentes grupos étnicos, para las órdenes religiosas, comerciantes, etc. El régimen tampoco era feudal, debido a la propiedad colectiva de la tierra (por parte de las comunidades eclesiásticas y de los pueblos) y a que los latifundistas dependían estrechamente de la autoridad central.
* Paz, Octavio.- Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe.- Edit. Seix Barral, Barcelona, 1986.
La caracterización de Octavio Paz
Paz se apoya en Max Weber para caracterizar al régimen político novohispano como patrimonialista. En cuanto a las relaciones comerciales, el Estado tenía el derecho de exigir prestaciones o contribuciones a los particulares, pero el responsable no era el individuo, sino la corporación.
Existía una compleja red de asociaciones, congregaciones y cofradías de artesanos; se trata del mercantilismo, cara económica del régimen político patrimonial: su principal característica es el monopolio lucrativo del comercio.
La resolución de los conflictos quedaba en manos de la Audiencia, presidida por el virrey y dominada por los oidores (que dependían directamente del rey), siendo los dos polos de la justicia la severidad o la benevolencia: el principio determinante era la gracia, no la legalidad formal.
Para completar el cuadro, tanto la universidad como el ejército eran instituciones que corresponden al régimen patrimonial: del ejército profesional estaban excluidos los naturales del país; la educación aparecía como especialidad de los clérigos y como universitaria, cuya función a finales del siglo XVIII iba a ser la preparación de la naciente burocracia moderna, cosa que se vio interrumpida por la rebelión emancipadora.
En suma, el régimen político novohispano era patrimonial: la dominación del virrey ayudado por sus servidores y allegados; es decir, el gobierno concebido como la extensión de la casa real.
En efecto, el poder del virrey era el alter ego del monarca, como gobernador general estaba encargado de la administración y de la marcha del reino, como capitán general dirigía la administración de los asuntos militares y, como presidente de la Real Audiencia dirigía la política general de la nación y administraba parcialmente la justicia.
Los límites del poder patrimonial en México
Sin embargo, no se trata de un patrimonialismo puro, ya que la corona también imponía frenos al poder del virrey: virreinatos cortos, la prohibición de que fueran acompañados por sus familiares a la Nueva España, y como principal control el juicio de residencia.
Finalmente, tenemos las limitaciones internas al poder del virrey, además de los poderes regionales, lo que Paz llama “un juego sutil de balanzas y contrabalanzas”: la Real Audiencia, extensión del Estado español, que además de compartir el poder judicial del virrey, tenía relación directa con el rey; y el poder moral y religioso del arzobispo de la ciudad de México.
La fuerza de la herencia colonial es asombrosa, consumada la Independencia, tras varias décadas de anarquía se restableció un poder patrimonial. Se le llamó presidencialismo, porque el modelo fue el de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no fue otra cosa más que un disfraz.
El porfiriato a pesar de sus claroscuros, sería el modelo que los presidentes desde Ávila Camacho hasta Peña Nieto seguirían hábilmente aunque apoyados en la ideología de la Revolución y con una aparente limitación: la no reelección.
Y digo aparente porque si bien los presidentes solamente durarían en el cargo seis años, tendrían la facultad de designar a su sucesor: el famosos “tapado”, a todas luces impuesto por el presidente saliente para darle continuidad al régimen.
Así que los presidentes gobernarían como se les daba la gana, aunque conservando las apariencias del modelo presidencial. Y lo menos que podemos decir, es que traicionaron el proyecto revolucionario y poco a poco fueron aprovechándose de las riquezas del país, y cayendo en la corrupción desenfrenada de los últimos gobiernos priistas, incluidos los dos de los panistas.
¿El fin de la corrupción desenfrenada?
En el régimen político patrimonial la corrupción no existe ya que el Señor (Rey, Príncipe, Sultán…) es dueño de todo, incluidos los gobernados que son sus súbditos, es decir están sujetos a las autoridades políticas, especialmente en las monarquías.
Pero el Señor no por detentar un enorme poder podía desafiar el bienestar de sus súbditos corrompiéndose, todo lo contrario, su obligación era la de garantizar su seguridad y velar por ese bienestar. Las monarquías fueron la máxima expresión del patrimonialismo y fracasaron por descuidar sus responsabilidades.
Exceptuando a los Jeques árabes que todavía quedan, las monarquías que sobreviven en Europa son simbólicas y su función es la de mantener la unidad nacional. Todos han adoptado regímenes modernos, ya sea parlamentarios o republicanos.
En el México de nuestros días la corrupción también fue la que dio al traste con el patrimonialismo disfrazado de presidencialismo. En el fondo la 4 T de AMLO no pretende otra cosa más que la construcción de una verdadera República Federal, un tipo ideal de dominación legal moderna, para decirlo en el lenguaje de Max Weber.
Estamos viviendo tiempos de transición histórica y nuestra obligación como ciudadanos es colaborar en todo aquello que esté a nuestro alcance: será una transición m
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