* Si no se tiene su consentimiento, sin justificación médica o sin orden judicial
PUEBLA.- La Diputada sin partido e integrante del Grupo Plural, Lizette Minto García, presentó hoy ante el Congreso del Estado de Puebla, una iniciativa que busca proteger los derechos humanos y garantizar que los centros de rehabilitación de adicciones, operen bajo estándares legales y éticos.
La propuesta se centra en adicionar la fracción II al artículo 299 y el artículo 300 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, tipificando como delito el ingreso de personas a estos centros sin cumplir con los requisitos legales.
En México, y especialmente en Puebla, el consumo de alcohol y sustancias prohibidas ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en un grave problema de salud pública. Sin embargo, la respuesta no puede implicar la violación de los derechos humanos, como ocurre cuando se interna a una persona sin su consentimiento, sin orden judicial o sin justificación médica.
Actualmente, el Código Penal del Estado de Puebla no contempla la privación ilegal de la libertad en el contexto de internamientos forzados en centros de rehabilitación, lo que permite abusos sin consecuencias legales claras.
La propuesta de la Diputada Liz Minto tiene como objetivo llenar esta laguna jurídica. La adición de la fracción II al artículo 299 tipifica como delito la privación ilegal de la libertad al interior de un centro de rehabilitación sin consentimiento, sin orden de autoridad competente o sin justificación médica. Asimismo, el artículo 300 Bis aumentará la penalidad si la privación ilegal se realiza en un establecimiento que no cuenta con las autorizaciones correspondientes para operar como centro de tratamiento residencial de adicciones.
La modificación refuerza la protección de los derechos humanos al establecer que la detención e internamiento forzado en centros de rehabilitación es un delito, ofreciendo una herramienta legal para combatir prácticas abusivas y proteger la dignidad de las personas. Además, incentivará a los centros de rehabilitación a operar dentro del marco legal, cumpliendo con las normativas vigentes y estableciendo sanciones claras que funcionarán como un disuasivo importante.
Esta iniciativa no solo llenará un vacío legal, sino que también contribuirá a mejorar la calidad y regulación de los centros de rehabilitación, asegurando un trato humano, digno, respetuoso y apegado a derecho, para todas y todos los que por desgracia, sufran de algún tipo de adicción y quieran combatirla, para así tener una mejor calidad de vida y por ende una sociedad más sana.