La política mexicana siempre ha encontrado en el nacionalismo revolucionario un refugio seguro cuando los argumentos escasean. El reciente anuncio de la dirigencia de Morena para promover un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bajo la premisa de haber permitido la operación de agentes de la CIA en territorio estatal, es la más reciente puesta en escena de un guion tan viejo como efectivo: invocar al «fantasma del norte» para evadir las responsabilidades del presente.
El centro del debate no debería ser el dogma de la soberanía abstracta, sino la efectividad y la cruda realidad que se vive en las regiones donde el Estado mexicano ha claudicado. La narrativa oficialista se ha apresurado a rasgarse las vestiduras, calificando el operativo de Chihuahua como una afrenta a la patria. Sin embargo, detrás de esa indignación de tribuna, surge una pregunta incómoda: ¿A qué le teme realmente la Cuarta Transformación?
El miedo de la 4T a la intervención estadounidense no es, como intentan vendernos, un celo patriótico por la autodeterminación; es el temor a la evidencia. El operativo en cuestión resultó en un golpe histórico contra el narcotráfico, con el decomiso de toneladas de químicos. La efectividad de una acción coordinada (así haya incluido el intercambio de inteligencia criminal) pone en evidencia el fracaso sistemático de la estrategia federal de seguridad.
Cooperar no es subordinarse; en el mundo contemporáneo, la delincuencia transnacional no respeta ventanillas burocráticas ni soberanías de discurso.
Al linchar políticamente a una gobernadora de oposición, el centro del país parece querer ocultar dos realidades inconfesables.
La primera es la hipocresía operativa: mientras públicamente se condena a las agencias norteamericanas, las reuniones bilaterales y los flujos de información económica y de seguridad con Washington continúan detrás de bambalinas.
La segunda es el control del relato: admitir que la inteligencia extranjera es necesaria para desmantelar laboratorios de fentanilo es aceptar implícitamente que las instituciones locales han sido rebasadas o, peor aún, que carecen de la voluntad política para actuar.
La soberanía no se defiende dejando las plazas en manos del crimen organizado bajo el pretexto de no «intervenir». La verdadera soberanía radica en la capacidad de otorgar paz y orden a los ciudadanos.
Utilizar el aparato del Estado para perseguir la coordinación policial es una muestra de debilidad, no de fuerza.
Al final del día, lo que el oficialismo busca sepultar bajo el estruendo del juicio político no es a la CIA, sino al espejo que les recuerda que, en materia de seguridad, las cuentas simplemente no cuadran.