Por Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- La problemática del agua es compleja y nos involucra a todas las personas, pues de ella dependemos para vivir y, en los próximos años para sobrevivir y no desaparecer. No importa nuestra condición social ni el lugar donde habitemos, lo que está en riesgo es la vida frente a un modelo económico que nos impone a diario proyectos de muerte como lo han señalado nuestros indígenas y nuestros campesinos. La defensa de nuestra agua como un bien común es una tarea urgente. Existen más de 500 conflictos ambientales en el país y en toda el agua es uno de los elementos en disputa, pero al mismo tiempo el agua también nos une, nos hermana y nos moviliza. Defender el agua es defender culturas, costumbres e identidades, es defender cosmovisiones y modos de vida de pueblos, de comunidades campesinas y también de lo que significa el agua en las ciudades.
Los desafíos son muchos, logras la democratización de las decisiones sobre nuestra agua es fundamental, para poder evitar que se siga siendo controlada y acaparada por las grandes corporaciones económicas en contubernio con las autoridades.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la única autoridad Federal facultada para Administrar las Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos Inherentes, especificados en los términos del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA-1996, establece los requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. Y en sus referencias NOM-127-ssa1-1994 Salud Ambiental Agua para uso y consumo humano –Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización publicada en el diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996 y en sus definiciones 4.33 Uso doméstico: Utilización del agua nacional, destinada al uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de sus árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de sus animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa.
Transitar hacia un nuevo paradigma de manejo y gestión del agua es vital, un nuevo modelo en el que sea considerada el sustento de la vida y las culturas por encima de una oportunidad de negocio, que se respete y garantice los derechos humanos a la salud, la alimentación, al agua, a la vida, a la libre determinación de los pueblos y los derechos de la naturaleza sobre los derechos del capital. Este modelo debe reducir las brechas de desigualdad en el acceso al agua, garantizar su equidad, sustentabilidad, disponibilidad, calidad y el abastecimiento a lo largo del tiempo, para las generaciones presentes y futuras y los ecosistemas.
En México desde el 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento, en el artículo 4, párrafo 6 que establece: #Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
La realidad es que vamos en retroceso desprotegiendo cada vez más los derechos humanos y fortaleciendo a los actores económicos con un enfoque del agua privatizador y mercantilista, que permite el acaparamiento de agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y trasferencia de derechos sobre el agua a privados vulnerando el principio de equidad y sustentabilidad, creando conflictos y disputas entre las comunidades, empresas y gobierno.