Hace unos días, San Andrés Cholula presentó su agenda cultural y turística para este 2026. Entre el despliegue de festivales y folclore, hay una fecha que suele camuflarse en el programa oficial, pero que encierra una de las lecciones de poder y fe más crudas de nuestra historia: el 50 aniversario de la “Bajada de la Virgen de los Remedios del 18 de marzo”.
Es necesario detenerse aquí porque, aunque hoy se promocione como un atractivo turístico, su origen no tuvo nada de festivo. Esta tradición no nació de la devoción espontánea, sino del conflicto político, el gas lacrimógeno y el hartazgo ciudadano.
Para entender el peso de este evento, hay que recordar qué significa una «bajada» en el contexto cholulteca. No es un paseo. Históricamente, la Virgen desciende de su santuario en el Tlachihualtépetl ante la tragedia: sequía, peste o crisis social. Es un grito de auxilio que rompe la normalidad para obligar a la comunidad a la unidad orgánica.
Pero la bajada de la «Comisión del 18 de Marzo» es distinta. Hace cinco décadas, el pueblo no pidió que lloviera agua; pidió que cesara la represión.
En febrero de 1975, la política local estalló. La imposición de Juan Manuel Toxtle como presidente municipal, mediante un proceso que el pueblo consideró un atropello a su voluntad, desató una resistencia civil encabezada valientemente por las mujeres de la cabecera. La respuesta del Estado aquel 18 de marzo fue la fuerza: la incursión de la policía y el uso de gas lacrimógeno contra los ciudadanos que defendían la plaza. Fue un choque violento que terminó por forzar la salida del impuesto y la llegada de un consejo municipal.
Al año siguiente, en 1976, aquellas mismas mujeres solicitaron la «bajada» de la imagen para agradecer el retorno de la paz. Desde entonces, la procesión guarda un simbolismo político ineludible: la Virgen hace una parada obligada frente a la Presidencia Municipal antes de entrar a la parroquia.
La fe como analgésico
Y aquí reside el punto crítico. Lo que comenzó como un acto de resistencia y sanación social se ha transformado, con el paso de las décadas, en una especie de analgésico político.
Es fascinante, pero a la vez alarmante, observar cómo una escultura bajando de la pirámide sigue teniendo más peso para calmar los ánimos y dictar el rumbo de la opinión pública que cualquier debate legislativo, rendición de cuentas o argumento lógico. Como sociedad, parecemos haber delegado nuestra capacidad de análisis crítico al fervor religioso.
Parece que, ante la crisis, nos invade una pereza intelectual: en lugar de exigir responsabilidades terrenales a quienes administran lo público, preferimos mirar al cielo. Nos conformamos con que la imagen se detenga frente al Palacio Municipal, como si ese acto simbólico fuera un «borrón y cuenta nueva» para los errores de quienes ostentan el poder. El rito religioso termina validando —o al menos silenciando— el ejercicio del poder político.
A 50 años de aquella primera bajada de 1975, la pregunta es obligada: si hoy el poder volviera a pasar por encima de la dignidad ciudadana, ¿nuestra única respuesta sería organizar otra procesión? ¿Nos basta un desfile de fe para bajar la cabeza, perdonar la negligencia y olvidar el agravio?
La fe es un derecho respetable en la intimidad de cada persona, pero el rumbo y la dignidad de nuestro municipio (y de nuestro país) no pueden seguir rindiéndose a la sombra de un santuario. Es hora de entender que, mientras la religión siga siendo el filtro para procesar nuestra realidad política, seguiremos siendo una sociedad que prefiere milagros a ciudadanos.