Por Jorge Gómez Carranco
La designación de Reyna confirma una práctica que Acción Nacional ha denunciado de manera reiterada: la captura de los órganos autónomos por parte de la mayoría oficialista. Lo que debió ser un ejercicio ejemplar de transparencia, deliberación y rendición de cuentas terminó convertido en un trámite acelerado, opaco y claramente orientado a imponer a un perfil cercano al poder en turno.
Desde la óptica panista, el problema no se reduce a la persona, sino al proceso viciado mediante el cual fue electo. La Auditoría Superior del Estado es una institución clave para vigilar el uso correcto de los recursos públicos, combatir la corrupción y garantizar que los gobiernos estatales y municipales rindan cuentas a la ciudadanía. Precisamente por esa relevancia, su titular debe gozar de independencia real, legitimidad política y confianza pública. Nada de eso se construye cuando la designación se realiza bajo una lógica de mayoriteo legislativo y con un evidente desprecio por el debate parlamentario.
El PAN ha señalado que la elección de Reyna y Herrero estuvo marcada por la simulación. Aunque formalmente se cumplió con una convocatoria y entrevistas, la realidad es que las decisiones ya estaban tomadas de antemano. Las comparecencias de los aspirantes se realizaron sin profundidad, sin cuestionamientos de fondo y sin permitir que la sociedad conociera con claridad los planes de trabajo, los posibles conflictos de interés o la verdadera independencia de quienes aspiraban al cargo. Para Acción Nacional, este tipo de ejercicios solo buscan legitimar una imposición previamente acordada en lo oscurito.
Uno de los elementos más graves denunciados por la oposición fue la forma en que se condujo la sesión del Pleno del Congreso. La eliminación de espacios de discusión, la negativa a abrir un diálogo real y la aceleración deliberada del proceso evidenciaron la falta de voluntad para construir consensos. Ante este escenario, la bancada panista decidió abandonar la sesión como acto de protesta política, dejando constancia de que no existían condiciones mínimas de legalidad y legitimidad. Sin embargo, aun así, la mayoría oficialista decidió computar los votos ausentes, una acción que, desde el punto de vista del PAN, raya en el abuso del reglamento parlamentario y vulnera el espíritu democrático del Congreso.
Morena y sus aliados no buscan fortalecer las instituciones, sino subordinarlas. La cercanía de Germán Reyna con figuras clave del actual régimen estatal alimenta la sospecha de que la ASE no será un órgano incómodo para el poder, sino un instrumento selectivo que mire hacia otro lado cuando se trate de fiscalizar a los gobiernos afines, y sea implacable únicamente con administraciones opositoras. Esa no es una suposición gratuita, sino una preocupación fundada en la experiencia reciente del país, donde los contrapesos han sido debilitados sistemáticamente.
La Auditoría Superior del Estado no puede convertirse en una extensión del Ejecutivo ni en una oficina decorativa que avale cuentas públicas sin un análisis riguroso. Desde la visión panista, el verdadero riesgo del nombramiento de Reyna y Herrero es que se normalice la idea de que la fiscalización es un trámite político y no un ejercicio técnico y autónomo. Cuando el auditor debe su cargo a una mayoría partidista y no a un consenso amplio, su margen de actuación se ve inevitablemente comprometido.
El PAN ha sido enfático en señalar que vigilará de manera permanente el desempeño del nuevo titular de la ASE. Cada auditoría, cada observación y cada resolución será analizada con lupa, porque lo que está en juego no es una disputa partidista, sino el derecho de los ciudadanos a saber cómo y en qué se gasta su dinero. La corrupción no se combate con discursos ni con nombramientos a modo, sino con instituciones fuertes, independientes y con credibilidad, condiciones que hoy, lamentablemente, no están garantizadas.
En un contexto nacional donde la transparencia y la rendición de cuentas enfrentan retrocesos evidentes, Puebla no puede darse el lujo de debilitar aún más a sus órganos de control. Para Acción Nacional, la designación del nuevo auditor superior representa una oportunidad perdida para enviar un mensaje de madurez democrática y compromiso con la legalidad. En lugar de ello, se optó por la ruta más cómoda: imponer a un perfil alineado con el poder y cerrar filas en torno a una decisión cuestionada desde su origen.
La historia juzgará si Germán Reyna y Herrero actuó con verdadera independencia o si confirmó los temores de la oposición. Por ahora, lo único claro es que su llegada a la ASE no nace del consenso ni de la confianza ciudadana, sino de un proceso marcado por la imposición, la opacidad y la falta de diálogo. Y cuando un órgano encargado de fiscalizar comienza su gestión bajo esa sombra, es la democracia y la transparencia las que salen perdiendo.