Por: Jorge Gómez Carranco
CHOLULA.- El principio de división de poderes ha sido uno de los bastiones del constitucionalismo contemporáneo, desde entonces también se ha luchado de manera constante para que el mismo prevalezca. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o uno ingiere en el otro poder o el mismo cuerpo, podríamos decir que no hay libertad, falta la confianza, porque puede temerse que el ejecutivo o en su defecto los diputados o senadores hagan leyes tiranas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, si estos no se encuentran separados se podría disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos, como quien dice el juez sería el legislador, así de absurdo, por que no se encontraría separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor si legislara a capricho de un ejecutivo.
Montesquieu concebía la función judicial y decía “los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma”. La doctrina ha señalado de manera insistente el abuso de estas facultades extraordinarias por parte del ejecutivo, sobre todo en las primeras décadas después de promulgada la constitución, lo que provocó modificaciones a la ley suprema a fin de limitar definitivamente dicha actividad.
Que ahora Andrés Manuel López Obrador piense que ampliar el mandato por dos años más a Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, justificando que no es inconstitucional y que va a moralizar al poder judicial y quien va a decidir es la Cámara de Diputados, argumentando que la mayoría vienen del antiguo régimen y que no hay más perfiles para asumir la presidencia de la SCJN es absurdo.
Andrés Manuel dijo que él no daba instrucciones, que tampoco se entrometería en asuntos que tengan que ver con otros poderes, pero que creía que es indispensable la reforma al poder judicial por que hay jueces y magistrados buenos, pero mencionó que, si esta ampliación es inconstitucional, lo respetaría y no apoyaría algo que viole la constitución, o sea, ¿cómo? Primero dice que, si y después que no; pero quien lo resolvería serían los diputados.
Ante todo esto diversas organizaciones y ciudadanos emitieron este lunes un pronunciamiento en contra de la posible ampliación de mandato, la cual califican como una violación a la constitución pues el periodo del presidente de la Corte es de cuatro años improrrogables y lo eligen sus pares, los ministros y no los legisladores, pues dicha disposición no sólo vulnera el ordenamiento constitucional vigente, sino que desvirtúa la naturaleza de la reforma en ciernes y suscrita suspicacias políticas que polarizan los ánimos entro los principales actores políticos del país. Se debe de respetar la división de poderes le guste o no.