* Garantiza el respeto a la voluntad ciudadana * El voto libre y secreto está garantizado por nuestra Constitución
Por: Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- “El sufragio activo debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”, se estipula en la fracción primera, párrafo segundo, del artículo 41de nuestra Constitución, así como el artículo 4.2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE.
Sin embargo, en estas próximas elecciones del 02 de junio el voto libre y secreto está en grave peligro, porque hay indicios que nos alertan de que el voto podría llegar a estar coaccionado por dos sectores: el crimen organizado y el partido en el poder, cuyo gobierno, ejerciendo el inmenso presupuesto del que hoy dispone para programas de “bienestar social”-, podría amedrentar a los beneficiarios de la seguridad social, para obtener el voto a su favor.
Cuando se instituyó el “voto libre y secreto” no existían los teléfonos celulares, -y menos aún-, que estos dispositivos tuviesen integrada una cámara fotográfica. En contraste, hoy la extorsión para dirigir el voto hacia un partido o candidato, se hace exigiendo a la víctima que después de llenar la boleta tome una foto de la papeleta que dejó en la urna y la envíe a un WhatsApp predeterminado, para comprobar que se siguieron las instrucciones.
Por esto es urgente que, para salvaguardar el derecho constitucional al voto libre y secreto, la SCJN atraiga este planteamiento y se instruya al INE para que exija al Poder Ejecutivo la instrumentación de un operativo realizado por la fuerza pública, para que se recojan celulares mientras el votante está frente a la urna y exista un castigo ejemplar, no administrativo, para quienes infrinjan esta disposición, pues cuando el voto cae en la urna, ya es difícil identificarlo.
La instrumentación de un operativo de este tipo en las casillas no podría delegarse en las autoridades electorales ni en ninguna autoridad civil, pues estas carecerán de la fortaleza para imponerse ante quienes se nieguen violentamente a acatar esta disposición.
La extorsión criminal operada a través del dispositivo móvil puede comprometer nuestra democracia y llevarnos hacia rumbos insospechados, donde ya no habrá regreso nunca más, pues este modelo de extorsión se convertiría en el ejercicio cotidiano en las elecciones futuras.
No debemos llegar a la próxima elección presidencial sin garantías de que se respetarán los resultados. La denuncia de un “golpe de estado técnico”, más que una alerta que lanza el presidente López Obrador, es una advertencia, o amenaza, que él siembra, de que no aceptaría una derrota electoral.
Esta frase victimizadora del presidente es el anuncio de una “elección de estado”.
Hoy más que nunca urge, a la vista de todo México, un convenio firmado por los tres candidatos presidenciales, por los partidos políticos, por el INE y el TRIFE, la titular del Poder Judicial, y como testigo que avala este compromiso, el mismo presidente de la república. Este convenio debe dejar claro que todos los involucrados en la elección se comprometen a aceptar los resultados, fueren los que fueren, y de este modo, quien no lo quiera firmar, desde este momento se ponga en evidencia ante el pueblo de México.