Por: Humberto AGUILAR CORONADO*
CHOLULA.-Cuando se empezó a medir la dimensión de la concentración de poder en manos del presidente, el tema del funcionamiento de la democracia y de los mecanismos de control del poder adquirieron enorme relevancia.
Con la figura de las coaliciones, pudo evadir los límites de sobre representación que estipula la Constitución y gracias a ello, se aseguró el control del Poder Legislativo. Así, fuimos testigos de un nuevo equilibrio en el que el Presidente no encuentra resistencias y que el legislativo obedece hasta el extremo, de aceptar que se le exija aprobar proyectos de ley del presidente sin modificarles ni una coma.
Los gobiernos locales están controlados por el Gobierno Central gracias al manejo del presupuesto, con la posibilidad de asfixiarlos frente a eventuales resistencias o rebeldías.
En los medios de comunicación poco a poco se impone la narrativa gubernamental en los espacios mediáticos, que durante horas y horas, replican los mensajes matutinos del Presidente.
Las capacidades de control de los órganos autónomos están diseñadas para atender aspectos técnicos de temas específicos, pero no están dotadas para resistir ataques políticos.
El Presidente ha usado con saña su fuerza política para dominar las capacidades de contrapeso de esas organizaciones, parece convencido de que su capacidad de concretar sus proyectos de transformación política exigen como condición la inexistencia de resistencias institucionales, por lo que ha dedicado sus primeros dos años de gobierno a erradicar esas posibles resistencias.
Frente a esta realidad, la búsqueda de contrapesos está llevando inevitablemente a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en el último reducto de esperanza.
Cuando casi todos los instrumentos de control político del poder del Presidente han sido metódicamente minados, no queda más remedio que construir la resistencia desde el Derecho.
La defensa de los Derechos Humanos será la última pista de batalla durante los siguientes años en México.
El Presidente anticipó este escenario y, por ello, desde los primeros meses de su gestión lanzó un misil teledirigido al Ministro Medina Mora que le obsequió un asiento para colocar un ministro incondicional.
Por otra parte, ha desarrollado una estrategia de apariencia de respeto institucional, que se funda en una supuesta relación armoniosa con el Ministro Presidente de la Corte, y amenazas mediáticas de corte populista, visibles como la ejercida en el proceso de análisis de la constitucionalidad de la consulta popular para juzgar a los ex presidentes, que acabó convertida en un circo en la que la Corte intentaba defender su papel de revisor constitucional sin chocar definitivamente con el Presidente.
La nueva ofensiva presidencial hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus jueces y a la figura del amparo, puede ser la batalla final por preservar un sistema democrático en México.
Si el Derecho es incapaz de controlar las pulsiones del poder presidencial en México vamos directo a una regresión de impredecibles consecuencias.
*Es politologo y Maestro en Negociación por la Universidad Carlos III de Madrid
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