Por Jorge Gómez Carranco
El tráfico de drogas y el tráfico de armas en México constituyen dos de los problemas estructurales más complejos y persistentes del Estado mexicano, y representan retos que rebasan por mucho la capacidad de acción inmediata de cualquier administración presidencial, incluida la encabezada por Claudia Sheinbaum. Estas actividades ilícitas no sólo están profundamente arraigadas en dinámicas económicas, sociales y territoriales de largo plazo, sino que además dependen de factores internacionales, particularmente de la relación con Estados Unidos, lo que limita el margen de maniobra del gobierno federal para atenderlos de manera unilateral y definitiva.
El tráfico de drogas en México no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública. Durante décadas se ha consolidado como una economía ilegal transnacional que involucra producción, transporte, distribución, lavado de dinero y control territorial. Las organizaciones criminales han evolucionado de estructuras jerárquicas a redes flexibles con presencia en amplias regiones del país, aprovechando debilidades institucionales, pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. En este contexto, la presidenta enfrenta una realidad heredada: territorios donde el Estado perdió presencia efectiva desde hace años y donde el crimen organizado cumple funciones económicas y sociales que el gobierno no ha logrado sustituir plenamente.
A ello se suma que el principal mercado consumidor de drogas ilícitas no se encuentra en México, sino en Estados Unidos. Mientras exista una demanda constante y multimillonaria, los incentivos para producir y traficar drogas seguirán vigentes. Esta condición reduce la capacidad del gobierno mexicano para resolver el problema desde su origen, ya que la erradicación de cultivos o la detención de líderes criminales no altera de fondo la lógica del mercado. En este sentido, cualquier estrategia nacional queda condicionada a la corresponsabilidad internacional, algo que históricamente ha sido desigual y limitada.
Por otro lado, el tráfico de armas agrava de manera directa la violencia asociada al narcotráfico. La gran mayoría de las armas de alto poder utilizadas por los grupos criminales en México provienen de Estados Unidos, donde la venta es legal y la regulación es laxa en comparación con otros países. Aunque el gobierno mexicano ha insistido en foros internacionales y en acciones legales para frenar el flujo ilícito de armas, la capacidad real para controlar este fenómeno es reducida, ya que depende de decisiones legislativas, judiciales y políticas de otro país soberano. Esta situación coloca a la presidenta ante un problema que no puede resolverse únicamente con operativos internos o reformas administrativas.
Además, la atención simultánea del tráfico de drogas y armas exige una coordinación institucional compleja entre fuerzas federales, estatales y municipales, fiscalías, aduanas y sistemas de inteligencia financiera. Sin embargo, México arrastra problemas históricos de corrupción, debilidad institucional y falta de profesionalización en muchos niveles de gobierno. Aunque se implementen nuevas estrategias o se refuercen cuerpos de seguridad, los resultados suelen ser graduales y desiguales, lo que genera la percepción de inacción o incapacidad presidencial, aun cuando se trate de fenómenos de largo aliento.
Otro factor que limita la acción directa de la presidenta es el equilibrio político y social que debe mantener. Medidas más agresivas, como la militarización permanente o el uso indiscriminado de la fuerza, pueden generar violaciones a derechos humanos, tensiones con comunidades locales y críticas nacionales e internacionales. Claudia Sheinbaum, al provenir de una tradición política que prioriza el enfoque social y preventivo, enfrenta el desafío de combatir estructuras criminales sin profundizar la violencia ni romper el tejido social, una tarea particularmente compleja en regiones donde la población civil queda atrapada entre el crimen y el Estado.
Asimismo, el tráfico de drogas y armas no puede desvincularse de fenómenos como la migración, el comercio informal y la economía global. Las rutas utilizadas por los grupos criminales son las mismas que emplean migrantes y mercancías, lo que dificulta su control sin afectar derechos humanos o actividades económicas legítimas. Esto obliga al gobierno federal a actuar con cautela y coordinación internacional, lo que ralentiza los resultados visibles y refuerza la idea de que se trata de problemas que no pueden resolverse en un solo sexenio.
En conclusión, el tráfico de drogas y el tráfico de armas en México representan desafíos estructurales que exceden la capacidad inmediata de atención de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de falta de voluntad política, sino de la magnitud, complejidad y carácter transnacional de ambos fenómenos. Mientras persistan la demanda internacional de drogas, el flujo ilegal de armas desde el extranjero, la desigualdad social y la debilidad institucional, las acciones presidenciales sólo podrán contener, mitigar o reorientar el problema, pero difícilmente erradicarlo. La solución requiere una estrategia de Estado de largo plazo, corresponsabilidad internacional y una transformación profunda de las condiciones sociales que han permitido que estas economías ilícitas se arraiguen en el país.