Existe una máxima que suele pasar desapercibida en las discusiones sobre la ética pública, pero que resuena con una fuerza demoledora cuando se mira de frente el funcionamiento del Estado: “Colocar gente que no conoce o que no tiene habilidades en puestos de decisión, también es corrupción”.
Por lo general, la conversación pública asocia la corrupción de forma casi exclusiva con el desvío de recursos, el soborno o el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el verdadero cáncer de las instituciones no solo se esconde en los bolsillos llenos, sino en las mentes vacías de preparación que ocupan los escritorios donde se define el rumbo de una comunidad. Confundir la lealtad política con la capacidad técnica es, en sí mismo, un acto de deshonestidad intelectual y administrativa.
La administración pública, en cualquiera de sus niveles, no debería ser una agencia de empleos para saldar deudas de campaña ni un refugio para el cultivo de afectos personales. Cuando los acuerdos políticos, los compadrazgos y el nepotismo se convierten en los principales filtros de selección para el servicio público, el resultado es inmediato: la merma absoluta del actuar gubernamental.
Asignar una responsabilidad a quien carece de las credenciales, la experiencia o el entendimiento mínimo de la materia no es un pecado menor. Un tomador de decisiones sin brújula técnica paraliza la innovación, burocratiza los procesos por mero temor a lo desconocido y, en el peor de los casos, firma ocurrencias que terminan costando millones al erario. La incompetencia en el poder no es neutral; tiene un costo social que siempre terminan pagando los ciudadanos.
Cuando la improvisación se normaliza en los mandos medios y superiores, se dinamita el principio de la profesionalización. Los efectos de este fenómeno son visibles y profundos:
Desmotivación institucional: El servidor público de carrera, aquel que se ha preparado y conoce las entrañas de la operación, ve bloqueado su crecimiento ante la llegada de perfiles cuyo único mérito es la cercanía con el poder.
Pérdida de eficacia: Las políticas públicas dejan de diseñarse bajo criterios técnicos y de evaluación real, pasando a depender de la intuición o de la urgencia del aplauso fácil.
Desgaste de la confianza: La ciudadanía detecta con rapidez cuando un funcionario desconoce su área, lo que destruye la legitimidad de las instituciones.
Quien acepta un cargo para el cual no está capacitado, ya está cometiendo el primer acto de corrupción de su gestión. La falta de probidad también se mide en la falta de idoneidad.
El servicio público exige una profunda ética de la responsabilidad. Para que el aparato estatal funcione con la dignidad que la sociedad demanda, es urgente transitar de la política de las cuotas y los cuates hacia una cultura de la competencia y el mérito.
Un gobierno que aspira a ser eficiente no puede permitir que sus áreas estratégicas se conviertan en laboratorios de ensayo para principiantes con conexiones.
Reconocer que la ineptitud en puestos clave es una variante de la corrupción es el primer paso para exigir perfiles a la altura de los retos públicos. Al final del día, gobernar bien no es solo una cuestión de buenas intenciones, sino de estricta y rigurosa capacidad.