Por: Gemma GRACIAN
Mis queridas y queridos lectores hay una frase de la exministra y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que debería hacernos reflexionar: “A las mujeres nos cuesta el triple llegar a los espacios de poder cuando decidimos hacerlo por el camino correcto.” Más allá de las diferencias políticas que cualquiera pueda tener con ella, esa afirmación describe una realidad que muchas mujeres conocen de primera mano.
Es un tema incómodo. Tan incómodo que pocos se atreven a decirlo en voz alta.
Sí, existen mujeres que han obtenido posiciones gracias a relaciones personales o sentimentales con hombres en posiciones de poder. Negarlo sería cerrar los ojos ante una realidad que ha sido documentada en distintos ámbitos: la política, las empresas, el entretenimiento e incluso la academia.
Pero la conversación no puede terminar ahí.
Porque cuando eso sucede, la responsabilidad rara vez recae únicamente en quien acepta la propuesta. Hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién la propuso primero?
Durante décadas, han sido hombres con poder quienes han condicionado ascensos, candidaturas, contratos o nombramientos a favores personales o sexuales. Ese abuso de poder ha existido mucho antes de que algunas mujeres decidieran aceptarlo. El problema nace precisamente en quien utiliza su cargo para convertir una oportunidad profesional en una negociación indebida.
Y mientras algunas aceptan ese camino, miles de mujeres pagan un costo enorme por negarse.
Son ellas las que trabajan el doble, estudian más, se preparan durante años y aun así observan cómo alguien menos capaz recibe la oportunidad por tener una relación privilegiada con quien toma las decisiones. Son ellas quienes escuchan que “no son flexibles”, “no saben hacer política” o simplemente son desplazadas por negarse a entrar en ese juego.
A esas mujeres les cuesta el triple.
Y sí, el influyentismo también forma parte de ese problema.
Resulta especialmente contradictorio escuchar durante años el discurso de que “ya no existe el influyentismo” mientras las designaciones por cercanía personal, amistad, lealtad política o relaciones familiares siguen apareciendo una y otra vez. Cuando el mérito deja de ser el principal criterio para ocupar un cargo, las instituciones pierden credibilidad y quienes verdaderamente se esforzaron terminan siendo las grandes perjudicadas.
En ese contexto, Morena, como partido gobernante, ha sido objeto de constantes señalamientos por privilegiar redes de cercanía, grupos internos y recomendaciones políticas en diversos nombramientos. Es una crítica legítima dentro del debate público y que merece ser atendida con transparencia, porque quien prometió terminar con esas prácticas tiene la mayor responsabilidad de demostrar que realmente las erradicó.
El verdadero feminismo no consiste en negar que estos fenómenos existen. Consiste en garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre su dignidad y una oportunidad profesional.
El éxito obtenido por mérito nunca debería parecer una excepción.
Porque mientras existan hombres que utilicen el poder para exigir favores y sistemas que premien las relaciones por encima de la capacidad, seguirán existiendo mujeres brillantes a las que, simplemente por darse su lugar, les costará tres veces más llegar.
Y esa es la verdadera injusticia que aún no hemos querido resolver.
Y basta observar cómo comienzan a perfilarse las próximas elecciones para entender que estas prácticas siguen presentes. Desde ahora se perciben nombramientos, candidaturas y posiciones que parecen responder más a cercanías personales, grupos de poder y relaciones privilegiadas que al mérito, la preparación o la trayectoria. Cuando las decisiones políticas se toman bajo esos criterios, quienes han trabajado durante años para construir una carrera limpia vuelven a quedarse atrás. La democracia se debilita cuando el talento deja de ser el principal requisito y las oportunidades terminan dependiendo de quién conoce a quién o de qué tan cercano se es al círculo de quienes toman las decisiones.