Por: Jorge Gómez Carranco
El fenómeno del narcotráfico en México es una problemática multifacética que ha permeado todas las esferas de la vida pública, incluyendo la política. En los últimos años, con la consolidación de Morena como fuerza hegemónica en el escenario político mexicano, han surgido diversas acusaciones y señalamientos que vinculan, directa o indirectamente, a miembros o allegados de este partido con actividades relacionadas con el crimen organizado. Estas imputaciones, que van desde el financiamiento de campañas hasta la presunta colusión para facilitar operaciones ilícitas, han generado un intenso debate y han puesto bajo la lupa la relación entre el poder político y las redes del narcotráfico.
Uno de los hilos conductores de estas acusaciones radica en la estrategia de seguridad implementada por la administración actual, a menudo caracterizada como una política de «abrazos, no balazos». Si bien esta postura busca abordar las raíces socioeconómicas de la violencia y reducir la confrontación directa, sus críticos argumentan que ha sido interpretada por los grupos criminales como una señal de debilidad o permisividad, permitiéndoles expandir su control territorial y sus operaciones con mayor impunidad. En este contexto, cualquier indicio de conexión entre funcionarios de Morena y organizaciones criminales cobra una relevancia aún mayor, alimentando la percepción de una posible cooptación o, al menos, de una incapacidad para contener la influencia del narcotráfico.
Las denuncias específicas contra Morena y sus integrantes han tomado diversas formas. Se han reportado casos de presunto financiamiento ilícito de campañas electorales, donde se sugiere que dinero proveniente del crimen organizado habría sido inyectado en las estructuras partidistas para asegurar victorias en comicios locales y federales. Estas acusaciones suelen basarse en testimonios anónimos, investigaciones periodísticas que rastrean flujos de dinero sospechosos o en la captura de individuos que, al ser interrogados, han revelado supuestos vínculos. Si bien la carga de la prueba en estos casos es compleja y a menudo se diluye en el ámbito judicial, la percepción pública de tales conexiones puede ser devastadora para la imagen de un partido que llegó al poder con una bandera de combate a la corrupción.
Otro frente de acusaciones se relaciona con la presunta infiltración de cárteles en estructuras gubernamentales a nivel municipal y estatal. En diversas regiones del país, especialmente aquellas con alta incidencia delictiva, se ha especulado sobre la existencia de «narcogobiernos» donde alcaldes y otros funcionarios, algunos de ellos emanados de Morena, habrían sido impuestos o cooptados por grupos criminales. Esta cooptación puede manifestarse en la designación de personal afín a los intereses del narcotráfico en puestos clave de seguridad o procuración de justicia, en la omisión de acciones para combatir el crimen organizado, o incluso en la protección activa de sus operaciones. La dificultad para desmantelar estas redes y la persistencia de la violencia en ciertas zonas, a pesar de los esfuerzos oficiales, refuerzan la preocupación sobre el grado de penetración del crimen en el tejido institucional.
Más allá de las acusaciones directas, existe una narrativa que vincula la retórica y las acciones de algunos líderes de Morena con una supuesta «pacificación» del país que, para sus críticos, equivaldría a un pacto implícito con ciertos grupos delictivos. Esta narrativa se nutre de eventos como la liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán en 2019 o la ambigüedad en la persecución de algunos líderes criminales, que son interpretados como concesiones o muestras de debilidad frente al poder del narcotráfico. Desde esta perspectiva, la política de seguridad no solo sería ineficaz, sino que podría estar sentando las bases para una coexistencia forzada entre el Estado y el crimen organizado, bajo un velo de «paz social».
Es crucial, no obstante, contextualizar estas acusaciones. En primer lugar, el narcotráfico ha intentado y logrado infiltrar partidos de todo el espectro político mexicano a lo largo de las décadas. La idea de que Morena sea el único o el principal partido afectado por este fenómeno es una simplificación. La lucha contra el crimen organizado es una tarea ardua y compleja, y la cooptación de autoridades es una estrategia recurrente de los cárteles, independientemente del partido en el poder. En segundo lugar, muchas de las acusaciones contra Morena carecen de pruebas contundentes y han sido desestimadas por las autoridades judiciales o han quedado en el ámbito de la especulación política o mediática. La polarización del debate político en México a menudo utiliza las imputaciones de vínculos con el narcotráfico como un arma arrojadiza para desacreditar al adversario.
En conclusión, la sombra del narcotráfico se proyecta sobre Morena, como lo ha hecho sobre otros partidos políticos en México. Las acusaciones de financiamiento ilícito, cooptación de autoridades y una supuesta complicidad velada con el crimen organizado son recurrentes y han alimentado la percepción de una preocupante conexión entre el poder político y las redes criminales. Si bien la mayoría de estas imputaciones carecen de comprobación judicial y son parte de un complejo entramado de narrativas políticas, su persistencia y la gravedad del fenómeno del narcotráfico exigen una constante vigilancia, transparencia y un compromiso inquebrantable de las autoridades para erradicar cualquier vínculo entre el Estado y el crimen organizado, sin importar el color partidista. La consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en México dependen, en gran medida, de la capacidad para desterrar esta peligrosa simbiosis.