Por: Jorge Gómez Carranco
El 22 de febrero de del presente año, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del crimen como «El Mencho», en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Con él caía el narcotraficante más buscado de México y uno de los más perseguidos por Estados Unidos, país que llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Este hombre, nacido en la pobreza en una comunidad rural de Michoacán, abandonó la escuela desde quinto grado para trabajar en el campo, y a los 14 años ya vigilaba plantaciones de mariguana. De ese origen humilde y marginal emergió con el tiempo uno de los criminales más peligrosos del continente, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización responsable de traficar fentanilo, metanfetaminas y cocaína en más de 40 países. Su muerte, lograda gracias a un operativo conjunto entre fuerzas armadas mexicanas y autoridades estadounidenses, representa uno de los golpes más significativos que el Estado ha dado al crimen organizado en las últimas décadas. Es una victoria que el pueblo mexicano tiene todo el derecho de reconocer y celebrar, pero que al mismo tiempo obliga a reflexionar con seriedad sobre lo que viene después.
La historia reciente de México nos ha dejado una lección que no podemos ignorar: eliminar al líder de un cártel sin desmantelar su estructura equivale a cortar la cabeza de una serpiente que tiene la capacidad de volver a crecer. Lo vimos con otros capos antes que él, y si las autoridades no actúan con decisión en este momento, lo volveremos a ver. El CJNG no era la obra de un solo hombre; era, y sigue siendo, una red compleja de células armadas, rutas de distribución, operadores financieros, prestanombres, lavadores de dinero y funcionarios corruptos que durante años permitieron que esta organización operara con relativa impunidad. Con «El Mencho» muerto y su hijo ya preso en Estados Unidos, el cártel enfrenta hoy su momento de mayor debilidad, y es precisamente en ese momento de debilidad cuando los golpes del Estado resultan más efectivos y contundentes. Dejar pasar esta oportunidad histórica sería un error que el país pagaría con más sangre, más familias destruidas y más comunidades sometidas al terror.
Desmantelar toda la red del CJNG es, ante todo, una deuda que el Estado tiene con el pueblo mexicano. Durante años, las comunidades más pobres y vulnerables del país fueron las que sufrieron con mayor crudeza los efectos de esta organización criminal. Jóvenes reclutados por la fuerza, pequeños comerciantes extorsionados, familias desplazadas de sus tierras, presidentes municipales amenazados y periodistas silenciados. La violencia del cártel no distinguió entre estados ni entre clases sociales, pero siempre golpeó con más saña a quienes menos tenían para defenderse. Acabar con esa red significa devolverle la paz a esas comunidades, significa que un padre pueda dejar salir a su hijo sin miedo, que un campesino pueda trabajar su tierra sin pagar derecho de piso, que un alcalde pueda gobernar sin recibir amenazas de muerte. No se trata únicamente de un asunto de seguridad pública; se trata de justicia social, de dignidad humana y del derecho elemental de todo ciudadano a vivir en paz.
Para que este desmantelamiento sea real y duradero, las autoridades deben actuar en varios frentes de manera simultánea y coordinada. No basta con capturar o eliminar a los mandos medios que queden tras la muerte de «El Mencho»; es necesario golpear con igual fuerza el corazón económico del cártel, congelando sus cuentas, decomisando sus propiedades y persiguiendo con todo el peso de la ley a quienes lavaron su dinero durante años. Es indispensable también depurar las instituciones, porque una organización de esa magnitud no pudo haber existido sin complicidades dentro del aparato del Estado. La corrupción que alimentó al CJNG debe ser investigada, juzgada y castigada sin excepciones ni privilegios. El pueblo mexicano ha pagado demasiado caro el costo de la impunidad como para conformarse con medias tintas. La muerte de «El Mencho» abre una ventana de oportunidad única. Lo que se haga o se deje de hacer en los próximos meses definirá si este país avanza de verdad hacia la paz, o si simplemente estamos esperando el surgimiento del próximo gran capo. El momento es ahora, y la responsabilidad es de todos. Por fin terminó este Gobierno con los abrazos.