Por Jorge Gómez Carranco
El conflicto entre Estados Unidos e Irán es el resultado de décadas de tensiones políticas, militares e ideológicas que se han acumulado desde mediados del siglo XX. La relación comenzó a deteriorarse gravemente en 1953, cuando un golpe de Estado apoyado por Washington derrocó al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. A partir de ese momento, una parte importante de la sociedad iraní comenzó a ver a Estados Unidos como un actor intervencionista en sus asuntos internos. La ruptura definitiva ocurrió tras la Revolución Islámica de 1979, cuando el nuevo gobierno iraní adoptó una postura abiertamente contraria a la política exterior estadounidense y se produjo la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán.
Desde entonces, ambos países han mantenido una relación marcada por sanciones económicas, amenazas diplomáticas y confrontaciones indirectas. Durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, Washington respaldó a Irak, lo que profundizó la desconfianza iraní. En los años posteriores, el principal punto de fricción fue el programa nuclear iraní. Estados Unidos y sus aliados han sostenido que Irán podría desarrollar armas nucleares, mientras que el gobierno iraní ha afirmado que su programa tiene fines exclusivamente civiles y energéticos. Las negociaciones internacionales llevaron en 2015 a un acuerdo nuclear que limitaba el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones, pero en 2018 Washington se retiró del acuerdo e impuso nuevas medidas económicas, lo que reactivó la tensión.
En el terreno militar, el enfrentamiento ha sido principalmente indirecto. Irán ha sido acusado de respaldar a grupos armados en la región de Medio Oriente, mientras que Estados Unidos mantiene presencia militar en países vecinos como Irak, Siria y el Golfo Pérsico. En 2020 ocurrió uno de los momentos más delicados cuando un ataque con drones ordenado por Washington eliminó al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles contra bases donde había tropas estadounidenses. Aunque no se desató una guerra abierta, el episodio mostró lo cerca que ambas naciones podían estar de un conflicto mayor.
En los años recientes, los enfrentamientos han continuado mediante ataques selectivos, operaciones encubiertas y acusaciones mutuas. Se han registrado bombardeos contra posiciones de milicias respaldadas por Irán en territorio sirio e iraquí, así como ataques contra instalaciones estratégicas y embarcaciones en la región del Golfo. Cada incidente aumenta el riesgo de una escalada, especialmente cuando se producen víctimas o daños significativos. Sin embargo, ambos gobiernos han intentado evitar un enfrentamiento directo de gran escala que pudiera desencadenar una guerra regional.
Un posible ataque directo de Estados Unidos contra territorio iraní tendría profundas implicaciones internacionales. Irán posee una ubicación estratégica clave, particularmente por su cercanía al Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del petróleo mundial. Cualquier confrontación que afecte esa zona podría provocar aumentos en los precios del crudo, desestabilizar mercados financieros y generar incertidumbre económica global. Además, una ofensiva de gran magnitud podría activar alianzas regionales y provocar la intervención indirecta de otras potencias.
Desde la perspectiva política interna, un conflicto abierto también tendría repercusiones en ambos países. En Estados Unidos, la decisión de iniciar una operación militar de gran escala suele generar debate en el Congreso y en la opinión pública, especialmente por el costo humano y económico. En Irán, un ataque extranjero tiende a fortalecer el discurso nacionalista y consolidar el apoyo interno al gobierno frente a una amenaza externa. Por ello, aunque las tensiones sean elevadas, las decisiones militares suelen calcularse cuidadosamente para evitar consecuencias incontrolables.
En el ámbito humanitario, cualquier escalada representaría un riesgo grave para la población civil. Las guerras modernas no solo afectan a instalaciones militares, sino también a infraestructura básica como energía, agua, hospitales y comunicaciones. Además, un conflicto de gran magnitud podría provocar desplazamientos de población y una nueva ola de inestabilidad en Medio Oriente, una región que ya ha enfrentado múltiples crisis en las últimas décadas.
Ante este conflicto el posicionamiento de México, desde una perspectiva histórica y constitucional, debe basarse en los principios de su política exterior, que es: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional.
México tradicionalmente evita respaldar acciones militares unilaterales y privilegia la vía diplomática. En este escenario, lo más congruente sería hacer un llamado al diálogo, al cese de hostilidades y a la mediación internacional, posiblemente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Esto permitiría mantener una postura neutral activa, sin alinearse militarmente con ninguna de las partes, pero sí promoviendo mecanismos de negociación.
Nuestro país tendría que cuidar su relación estratégica con Estados Unidos, su principal socio comercial, evitando una confrontación diplomática directa. El enfoque podría centrarse en la protección de sus connacionales en la región, la estabilidad económica particularmente ante posibles aumentos en los precios del petróleo y el respeto al orden jurídico internacional.