Por Juan Manuel ZACATELCO
Elección de Estado
CHOLULA.- Según los principales analistas, la elección pasada fue una elección de estado. La «elección de Estado» se refiere a la manipulación del proceso electoral por parte del gobierno en turno para favorecer a su candidato y partido. Esto incluye el uso de recursos públicos en la campaña, la coacción de votantes, la limitación de la libertad de prensa y la obstrucción de la participación de partidos de oposición. Estas prácticas antidemocráticas erosionan la confianza en el sistema electoral y socavan los principios fundamentales de la democracia. Al conocerse los cómputos de las elecciones de presidentes municipales de Puebla el balance para el PRI y el PAN es demoledor. De los 53 ayuntamientos que el partido tricolor ganó en 2021, en 2024 sólo pudo hacerlo en 32, y el blanquiazul, que hace tres años triunfó en 24, ahora sólo lo hizo en 17. Es decir, el PRI perdió 20 alcaldías y el PAN 7, entre ellas la capital del estado, que concentra poco más de una cuarta parte de la población de la entidad. Otro partido que disminuyó el número presidencias municipales ganadas, pero que ganó en cuanto al número de población gobernada es Movimiento Ciudadano. En 2021 se alzó con la victoria en 15 ayuntamientos y en 2024 lo hizo en 10. Los partidos que, por el contrario, aumentaron de manera significativa el número de municipios gobernados son el PVEM, que pasó de 13 a 29; el PT, que pasó de 14 de 26; y Fuerza por México, que pasó de 3 a 12. Entre los partidos que quedaron más o menos igual figuran Nueva Alianza Puebla, que hace tres años triunfó en 13 municipios y ahora lo hizo en el mismo número; Pacto Social de Integración (PSI) que perdió uno, al pasar de 11 a 10, y el PRD que pasó de 14 a 12. Dejo al final a Morena, que por supuesto ganó más municipios que todos los demás partidos, pero que además aumentó de manera significativa la cifra de población gobernada, considerando que sólo la capital representa más de una cuarta parte de la entidad. Morena ganó, según el Instituto Electoral del Estado (IEE), 47 presidencias municipales en 2021, y en 2024 aparece con 52. Las cifras, a la luz de los porcentajes de votación obtenidos por los partidos en las elecciones de presidentes municipales de 2021 y 2024, ofrecen lecturas contrastantes. Por ejemplo, el caso del PAN. Hace tres años obtuvo el 17.95% y ahora el 18.78%, es decir casi un punto más; sin embargo, perdió la capital y 6 municipios más. Por el contrario, Morena pasó del 30.79% de la votación al 32.69%, es decir ganó casi dos puntos y 5 presidencias municipales adicionales, incluida la de Puebla. El caso más paradójico es Movimiento Ciudadano, que en las elecciones del 2 de junio obtuvo casi 4 puntos más respecto a 2021, al pasar de 5.34 a 9.51%, pero perdió 5 presidencias municipales en comparación con hace 3 años. La independencia de los poderes y la separación entre el gobierno y el proceso electoral son fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia saludable. Cuando un partido en el poder utiliza su posición a fin de socavar estas bases, se está poniendo en peligro la democracia misma. La «elección de Estado» no solo amenaza la legitimidad del proceso electoral, sino que también puede tener graves consecuencias en el futuro de México. La polarización política y la desconfianza en las instituciones pueden desencadenar conflictos y divisiones que son difíciles de superar. El término fue acuñado y estuvo vigente en las décadas en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces el partido hegemónico, usaba recursos públicos, condicionaba programas sociales, controlaba instituciones electorales, propiciaba inequidad en las campañas y una larga cadena de conductas que le permitían incidir en el resultado electoral. Actualmente, en la contienda del 2024, ese escenario con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estructura lograda con el partido Morena es, prácticamente, el mismo; los analistas valoran que se tiene una sistemática violación a las reglas electorales creadas para frenar todas esas conductas que permitieron al PRI mantenerse en el poder; hay un despliegue de autoridades en favor de una fuerza política –si no igual, quizá similar a la priísta– y se acumulan formas sofisticadas para el condicionamiento de programas sociales. Si por elección de Estado entendemos que se usan recursos públicos o la posición desde el gobierno para incidir en la voluntad ciudadana, ya sea para propiciar la participación de la ciudadanía en torno a una opción negando a otra, o bien para inhibir la participación ciudadana, creo que lamentablemente sí estamos frente a una elección de Estado. En el país, hay un grupo de 52.2 millones de mexicanos –entre los 30 años de edad o menos– que muy probablemente no saben lo que fue vivir en un régimen donde el PRI era hegemónico, cuando el partido en el gobierno no sólo tenía la presidencia del país sino el control del Congreso Federal y la mayoría de las gubernaturas. Además, el propio gobierno organizaba las elecciones hasta que en 1990 nació el precursor del INE, el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo autónomo que ciudadanizó los comicios. Antes de eso, no había organismos autónomos, creados después para acotar el poder presidencial: vigilar e impedir abusos y violación a los derechos humanos; transparentar información; frenar monopolios económicos, por mencionar algunos de los elementos que hacían a México vivir en un régimen de partido de Estado. Como gobierno y partido mayoritario Morena y sus aliados impulsaron la inclusión de programas sociales como la Pensión para adultos mayores –entre otros- en la Constitución, para impedir que la llegada de un nuevo gobierno cancelara esos apoyos. Hoy, en campaña, se usa el argumento a la inversa: los programas sociales “sólo los garantiza la Cuarta Transformación” según el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado “y claro que están en riesgo si no tenemos la mayoría”, recuerda que se usa como argumento del presidente López Obrador, al 31 de marzo de este año el presidente había realizado 1,308 mañaneras y la duración promedio de cada una de ellas es de 120 minutos. Es decir, en sus 1,948 días de gobierno ha dedicado por lo menos 2,616 horas a expresarse en conferencias de prensa prácticamente en cadena nacional, pues la transmiten los medios públicos de comunicación y en redes sociales como YouTube, X, y Facebook, en esta última donde el presidente tiene 10 millones de seguidores. Eso da cuenta de una parte del potencial de que sus mensajes lleguen a la población, y en algunas de ellas, tanto en las elecciones federales de 2021 , como ahora, ha emitido mensajes políticos o electorales. Nos veremos.