Por: Gemma GRACIAN
Mis queridas y queridos lectores hace uno días fui a poner una denuncia y me sorprendí a ver que se tiene que pagar por hacerlo, en un Estado que se dice democrático y garante de derechos, resulta profundamente preocupante que los ciudadanos tengan que pagar por servicios públicos que deberían ser gratuitos, especialmente aquellos relacionados con la justicia, la seguridad y la protección de derechos fundamentales. Uno de los ejemplos más graves y cotidianos es el cobro —directo o indirecto— por poner una denuncia.
Denunciar un delito no es un privilegio, es un derecho. Es el primer paso para acceder a la justicia, para que el Estado cumpla con su obligación básica de investigar, sancionar y prevenir delitos. Sin embargo, en la práctica, muchas personas se enfrentan a una realidad distinta: pagos “extra”, “aportaciones voluntarias”, trámites que se agilizan solo si hay dinero de por medio, o la exigencia de pagar copias, certificados, dictámenes o asesorías que deberían formar parte del servicio público.
Este tipo de cobros no solo son ilegales o irregulares, sino profundamente inmorales. Colocan una barrera económica entre el ciudadano y la justicia, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen. En otras palabras, la justicia deja de ser igual para todos y se convierte en un servicio para quien puede pagarla.
El problema se agrava cuando hablamos de denuncias por delitos sensibles como violencia de género, robo, fraude, abuso o desapariciones. Exigir pagos —aunque sean disfrazados— en estos contextos revictimiza, desalienta la denuncia y fortalece la impunidad. Muchas personas prefieren callar antes que enfrentarse a un sistema burocrático que, además de lento, resulta costoso.
Es importante distinguir: los servicios públicos esenciales no deben tener costo, porque ya se pagan con los impuestos de la ciudadanía. Cobrar por denunciar es, en el fondo, cobrar dos veces por el mismo derecho. Y cuando el Estado normaliza estas prácticas, envía un mensaje peligroso: que la ley y la justicia están sujetas a la capacidad económica de las personas.
Combatir esta situación requiere más que leyes escritas. Se necesita voluntad política, supervisión real, sanciones efectivas y una ciudadanía informada que exija sus derechos. También implica denunciar —paradójicamente— estas prácticas de corrupción cotidiana que se han normalizado en oficinas públicas.
La justicia no debería tener precio. Poner una denuncia no es un favor que hace la autoridad, es una obligación que tiene con la sociedad. Mientras existan cobros indebidos en servicios públicos esenciales, no podremos hablar de un Estado de derecho pleno, sino de uno condicionado, desigual y profundamente injusto.