Por: Jorge Gómez Carranco
La renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en medio de la controversia por la presunta participación de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico, ha sido utilizada por el oficialismo federal y por sectores afines a Morena para intentar responsabilizar políticamente a la gobernadora Maru Campos de una situación que, en realidad, refleja el profundo fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal y la incapacidad de la Federación para contener el avance del crimen organizado en amplias regiones del país. Lo ocurrido en Chihuahua no puede analizarse de manera aislada ni con criterios partidistas; debe entenderse dentro del contexto nacional de violencia, infiltración del narcotráfico y debilitamiento institucional que México vive desde hace varios años.
Desde Acción Nacional, la postura es clara: la gobernadora Maru Campos ha enfrentado con responsabilidad, firmeza y determinación uno de los escenarios más complejos en materia de seguridad pública, heredando un país donde los grupos criminales han fortalecido su presencia gracias a una política federal basada en la permisividad y en el fallido discurso de “abrazos, no balazos”. Resulta contradictorio que el mismo gobierno federal que reconoce la expansión de los cárteles, que admite la presencia de organizaciones criminales con poder territorial y armamento de alto nivel, ahora pretenda sorprenderse de que existan mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia y combate al narcotráfico.
La cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad no es nueva ni exclusiva de Chihuahua. Durante décadas han existido acuerdos bilaterales, intercambio de información y acciones coordinadas para enfrentar delitos transnacionales como el tráfico de drogas, armas y personas. Lo verdaderamente preocupante no es la existencia de colaboración internacional, sino el vacío de liderazgo y coordinación por parte de la Federación, que hoy busca deslindarse políticamente de una crisis que evidencia la falta de una estrategia nacional efectiva.
La renuncia de César Jáuregui debe entenderse como un acto político y administrativo que busca evitar que la crisis institucional escale, pero no puede convertirse en un pretexto para construir una narrativa de ataque contra el gobierno estatal. Chihuahua ha sido uno de los estados que más ha enfrentado directamente al crimen organizado, particularmente en regiones donde el narcotráfico disputa territorios estratégicos para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Ante esa realidad, las autoridades estatales han tenido que actuar con los recursos y herramientas disponibles, muchas veces sin el respaldo suficiente del gobierno federal.
Es importante señalar que Morena ha intentado convertir este tema en una campaña mediática para golpear políticamente a Acción Nacional y a la gobernadora Maru Campos, desviando la atención del verdadero problema: la inseguridad desbordada que existe en el país. Mientras el gobierno federal concentra esfuerzos en confrontaciones políticas, miles de familias mexicanas siguen viviendo bajo el miedo, las desapariciones continúan aumentando y los grupos criminales mantienen control en distintas regiones. Chihuahua no es el origen del problema; es una de las entidades que enfrenta las consecuencias de una política federal fallida.
Además, existe una evidente intención de centralizar el control de la seguridad pública y debilitar la autonomía de los estados gobernados por la oposición. Cada vez que un gobierno estatal encabezado por Acción Nacional logra resultados o adopta decisiones firmes contra la delincuencia, desde el oficialismo se busca desacreditarlo mediante filtraciones, señalamientos mediáticos o presiones políticas. La renuncia del fiscal ha sido utilizada como una oportunidad para alimentar esa narrativa, cuando lo que México necesita es coordinación real entre los distintos niveles de gobierno y no una guerra política permanente.
La gobernadora Maru Campos ha reiterado su compromiso con la legalidad, la transparencia y la seguridad de los ciudadanos. A diferencia de otros gobiernos que minimizan la violencia o niegan la realidad, en Chihuahua se han tomado decisiones difíciles para proteger a la población y enfrentar a los grupos criminales. Eso implica asumir costos políticos, pero también demuestra que existe voluntad para actuar, algo que lamentablemente ha faltado en muchas áreas del gobierno federal.
Acción Nacional sostiene que el combate al narcotráfico no puede depender de discursos ideológicos ni de cálculos electorales. México requiere instituciones fuertes, coordinación internacional efectiva y gobiernos locales que tengan capacidad de respuesta. Criminalizar a las autoridades estatales por buscar mecanismos de cooperación o por actuar frente a la amenaza del crimen organizado solo beneficia a los delincuentes y profundiza la crisis de seguridad.
La discusión de fondo no debería centrarse únicamente en la presencia o no de agentes extranjeros, sino en por qué el narcotráfico ha alcanzado niveles de poder que obligan a reforzar esquemas de inteligencia y cooperación. La respuesta es evidente: porque el gobierno federal abandonó la estrategia de fortalecimiento institucional y sustituyó la aplicación firme de la ley por una narrativa política que no ha dado resultados. Hoy México enfrenta consecuencias graves: regiones controladas por el crimen, policías rebasadas y ciudadanos atrapados entre la violencia y la impunidad.
En ese contexto, Chihuahua y su gobernadora han sido blanco de ataques injustos. La renuncia del fiscal no significa reconocimiento de culpabilidad ni responsabilidad directa del gobierno estatal; representa una decisión orientada a evitar una mayor confrontación política y permitir que las investigaciones continúen. Sin embargo, Morena ha preferido explotar el tema con fines partidistas antes que asumir su propia responsabilidad en el deterioro de la seguridad nacional.
Acción Nacional seguirá defendiendo la necesidad de fortalecer a los estados, respaldar a las instituciones locales y exigir al gobierno federal una estrategia seria contra el crimen organizado. La seguridad de los mexicanos no puede seguir siendo rehén de intereses políticos ni de campañas de desinformación. Chihuahua merece justicia, verdad y coordinación institucional, no ataques mediáticos impulsados desde el poder federal para encubrir los errores de una estrategia que ha fracasado en todo el país.