Por: Humberto Aguilar Coronado*
Existe un consenso sólido en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Los observadores de la vida pública mexicana coinciden en que el presidente cumple lo que dice.
A lo largo de estos casi tres años de gobierno, el titular del Ejecutivo ha demostrado, con hechos que lo que sostuvo en campaña, lo ha ejecutado en el gobierno.
Poco a poco ha desmantelado muchos de los grandes avances logrados durante la consolidación institucional en México.
Destruyó los mecanismos de evaluación educativa; acabó con la Policía Federal y regularizó la militarización de la seguridad pública; destruyó un sistema de protección a la salud basado en la financiación del acceso a servicios médicos básicos y especializados dirigidos a la población que no contaba con otros mecanismos de seguridad social; convirtió en una caricatura de si misma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y está en proceso de desmantelar el andamiaje que garantizaba la transición energética mexicana hacia la generación de energías limpias.
Estas decisiones políticas fueron previamente anunciadas por López Obrador durante más de una década en sus discursos de campaña, por lo que resulta consecuente observar la manera en que invierte su capital y su poder, para conseguir esos resultados.
Al abrirse la temporada electoral, el presidente decidió que había llegado el momento de cumplir, en lo que a los órganos electorales se refiere, la amenaza de mandar al diablo las instituciones.
Hemos sido testigos del inédito espectáculo de un presidente que interviene sin pudor en diversas campañas políticas, fundamentalmente las de sus fallidos candidatos en Guerrero y Michoacán, y arengando a la población para impedir que las oposiciones le arrebaten “sus” mayorías.
López Obrador sabe que con su conducta viola diariamente la Constitución y enfrenta al INE, deseando, casi con sadismo, que se le aplique la ley y se le imponga una sanción.
El presidente está construyendo una ruptura constitucional que, de concretarse, derivará en la destrucción de las fortalezas de las autoridades electorales.
En el colmo del cinismo, el Ejecutivo ha decidido utilizar a los órganos de procuración de justicia –en la reedición lopezobradorista de la estrategia de Peña Nieto en contra de Ricardo Anaya- para generar caos en la elección de Gobernador en el Estado de Nuevo León.
Esta última apuesta de López Obrador deja ver la razón de fondo de su propósito de destrucción.
Hoy todos los titulares anuncian que la Fiscalía General de la República está por judicializar carpetas de investigación contra candidatos del PRI y de MC en ese proceso.
Al diablo las instituciones. Al diablo los procesos que hemos construido para encauzar la disputa democrática. Al diablo los organismos locales y al diablo el INE.
Las consecuencias de estas decisiones de López Obrador pueden significar para México un retroceso de varias décadas en su vida democrática.
Vivimos en peligro de cerrar los espacios de diálogo, los espacios de negociación, la pluralidad y la normalidad democrática.
Mandar al diablo las instituciones desde el gobierno, es la decisión más reprobable que puede asumir quien debiera ser su garante.
*Es politólogo y Maestro en Negociación por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
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