Por: Jorge Gómez Carranco
El planteamiento del gobierno federal de establecer un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil debe analizarse más allá de su justificación oficial en materia de seguridad, pues en el fondo revela una visión preocupante sobre el papel del Estado frente a las libertades individuales. Bajo el argumento de combatir delitos como la extorsión o el secuestro, se pretende construir una base de datos masiva que concentre información personal de millones de mexicanos, trasladando la responsabilidad del problema de la inseguridad hacia los ciudadanos, en lugar de atender las fallas estructurales de las instituciones encargadas de procurar justicia. Desde la perspectiva de Acción Nacional, esta medida no solo es ineficaz, sino también riesgosa, desproporcionada y contraria a principios básicos de protección de datos y derechos humanos.
La experiencia en México demuestra que los registros de telefonía no han sido la solución prometida. Antecedentes de padrones similares terminaron en fracaso, sin impacto real en la disminución de delitos y, peor aún, con filtraciones de información que pusieron en riesgo a la población. Bases de datos completas han sido vulneradas, vendidas o utilizadas de forma indebida, evidenciando que el problema no radica en la falta de información, sino en la incapacidad del Estado para resguardarla y utilizarla correctamente. Insistir en un modelo que ya ha fallado no solo es una muestra de improvisación, sino de una peligrosa insistencia en concentrar datos sensibles sin garantías claras de seguridad.
Acción Nacional ha sido enfático en señalar que la seguridad pública no se construye mediante mecanismos de control masivo, sino a través del fortalecimiento de las instituciones, la profesionalización de las corporaciones policiales, el uso de inteligencia estratégica y el combate frontal a la impunidad. Obligar a los ciudadanos a registrar sus líneas telefónicas, incluso con datos personales o biométricos, implica una medida invasiva que no ataca las verdaderas causas del problema. En lugar de perseguir a los delincuentes, se termina vigilando a la población en general, generando un ambiente de desconfianza y vulnerabilidad.
El riesgo político de esta medida también es significativo. Un padrón nacional de usuarios de telefonía en manos del gobierno representa una herramienta potencial de vigilancia y control. En un contexto donde existen cuestionamientos sobre la concentración de poder y el debilitamiento de organismos autónomos, resulta legítimo que la ciudadanía desconfíe del uso que podría darse a esa información. No se trata de suposiciones infundadas, sino de una preocupación basada en antecedentes donde los datos personales han sido utilizados con fines distintos a los establecidos originalmente. La posibilidad de que esta información se utilice para monitorear, presionar o incluso perseguir a opositores o ciudadanos críticos no puede descartarse.
Desde la postura de Acción Nacional, este tipo de políticas reflejan una lógica equivocada: en lugar de fortalecer al Estado para que cumpla con su obligación de brindar seguridad, se opta por ampliar su capacidad de control sobre la población. Esto representa un retroceso en términos democráticos, pues erosiona la confianza entre gobierno y sociedad, y coloca a los ciudadanos en una posición de sospecha permanente. La seguridad no puede construirse a costa de la libertad, ni mediante medidas que vulneren derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.
En este contexto, el llamado a la ciudadanía es claro: informarse, cuestionar y no aceptar de manera automática disposiciones que puedan comprometer su información personal. Acción Nacional sostiene que el registro obligatorio de telefonía debe ser rechazado no como un acto de rebeldía sin fundamento, sino como una forma legítima de defensa de derechos. No registrarse, en este sentido, se plantea como una expresión de resistencia civil frente a una política considerada excesiva e innecesaria, que no ofrece garantías reales de seguridad ni de protección de la información.
No obstante, esta postura también debe acompañarse de acciones dentro del marco legal. La oposición tiene la responsabilidad de impulsar recursos jurídicos, promover amparos y acudir a instancias que permitan frenar este tipo de medidas. Asimismo, es fundamental exigir transparencia total sobre el manejo de los datos, los mecanismos de resguardo y las responsabilidades en caso de filtraciones. La defensa de los derechos no puede limitarse al discurso político; debe traducirse en acciones concretas que protejan a la ciudadanía.
El debate de fondo va más allá de un registro telefónico. Se trata de definir qué tipo de relación se quiere entre el Estado y la sociedad. Un gobierno democrático debe partir de la confianza en sus ciudadanos y de la obligación de garantizar seguridad sin invadir su privacidad. La insistencia en padrones masivos apunta en sentido contrario, hacia un modelo de control que ha demostrado ser ineficaz y peligroso. Acción Nacional, desde su papel como oposición, plantea la necesidad de corregir el rumbo, apostando por políticas públicas que realmente enfrenten la inseguridad sin comprometer las libertades.
Finalmente, la sociedad juega un papel fundamental en este proceso. La participación informada, la exigencia y la vigilancia del poder son herramientas esenciales para evitar abusos y decisiones que puedan afectar derechos fundamentales. El registro de telefonía no es un tema menor ni meramente técnico; es un punto de inflexión sobre los límites del poder del Estado. Por ello, el llamado es a no normalizar este tipo de medidas, a cuestionarlas y a defender un modelo de país donde la seguridad y la libertad no sean excluyentes, sino complementarias. ¿Y tú me estimado lector vas a registrar tu línea telefónica?.