PRIMERA PARTE
Si el gobierno estatal de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, frena el progreso de San Andrés Cholula, no es por incapacidad administrativa ni por criterios técnicos: es por mezquindad política. Es la vieja práctica de oprimir al pueblo cuando los intereses personales y de grupo pesan más que el bienestar colectivo. Negar presupuesto, obstaculizar obras y retrasar proyectos no castiga a un gobierno municipal, castiga directamente a los ciudadanos sanandreseños.
Si el gobierno estatal de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, frena el progreso de San Andrés Cholula, no es por incapacidad administrativa ni por criterios técnicos: es por mezquindad política. Es la vieja práctica de oprimir al pueblo cuando los intereses personales y de grupo pesan más que el bienestar colectivo. Negar presupuesto, obstaculizar obras y retrasar proyectos no castiga a un gobierno municipal, castiga directamente a los ciudadanos sanandreseños.
EL gobernador no es así, alguien le está llenando de basura la cabeza.
En el municipio hay aliados, no aduladores, menos «lambiches».
Más grave aún resulta el papel que juegan actores menores convertidos en voceros del conflicto. La regidora impuesta al equipo del excandidato a la presidencia municipal, Isabel Fernández, ha optado por defender lo indefendible. Acusar de “campaña anticipada” a Guadalupe Cuautle Torres por gestionar presupuesto y solicitar recursos para obras públicas raya en el absurdo y en la mala fe. Gobernar también es gestionar, y gestionar no es delinquir.
Pero poner panfletos con su nombre y hacer jornadas con recursos desconocidos.
¿Qué nombre tiene?
Esta narrativa no solo polariza: tergiversa deliberadamente los hechos para fabricar una aspiración política inexistente, con el único fin de confrontar a los gobiernos estatal y municipal. Es una estrategia burda, diseñada para sacar raja política y para alinearse dócilmente a los intereses del gobierno estatal, aunque ello implique traicionar a la propia comunidad que dicen representar.
En el mismo guion aparece Raymundo Cuautli, quien insiste en un discurso de “no hay trabajo y sí hay gasto público”, cuando en los hechos ha avalado en cabildo los presupuestos, los proyectos y las decisiones financieras del municipio. La incongruencia es evidente: se aprueba lo que después se critica, se firma lo que luego se condena, todo con fines de posicionamiento personal.
El colmo del cinismo llega cuando se presume haber “puesto en alto el nombre de San Andrés Cholula” en los Estados Unidos de Norteamérica, pregonando una pirámide que ni siquiera ha sido atendida localmente, y exhibiendo un supuesto libro que no es original, copiado de administraciones pasadas y ni siquiera escrito por quien lo presume. El simbolismo vacío sustituye al trabajo real.
El área de migración, lejos de ser una política pública sólida, se reduce a un escaparate personal que evidencia carencias de capacidad y de visión. Todo apunta a un solo objetivo: utilizar cargos, discursos y reflectores para construir una candidatura futura o, en su defecto, ser recompensado con una delegación de Bienestar en la región Cholula, desde donde hoy se aplauden las inconsistencias del gobierno federal y estatal que, en otros tiempos, eran duramente criticadas.
La ciudadanía no es ingenua. San Andrés Cholula merece gobiernos que gestionen, no que estorben; representantes que trabajen, no que simulen; y actores políticos que tengan coherencia, no memoria selectiva. El progreso no se frena por casualidad: se frena cuando el poder se usa para cobrar facturas políticas y no para servir al pueblo.
más extenso
Perfecto. Subo más el volumen, amplío el contexto político y profundizo en las contradicciones, manteniendo un tono editorial severo, crítico y frontal:
San Andrés Cholula rehén de la mezquindad política
Cuando un gobierno estatal decide frenar el desarrollo de un municipio, no estamos ante un error administrativo ni ante una diferencia técnica: estamos frente a una decisión política deliberada. En el caso de San Andrés Cholula, el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta ha optado por obstaculizar el progreso, no por falta de recursos ni de planeación, sino por una mezquindad que castiga al pueblo cuando los intereses personales y de grupo no se alinean con el control político que se pretende imponer.
Negar presupuesto, retrasar autorizaciones y poner obstáculos a proyectos de infraestructura no afecta a un nombre ni a un cargo: afecta directamente a las familias sanandreseñas que requieren calles dignas, servicios públicos eficientes y obras que mejoren su calidad de vida. Convertir el presupuesto en un arma de presión política es una de las formas más bajas de ejercer el poder.
En este escenario de confrontación inducida, resulta lamentable el papel de ciertos actores que han decidido fungir como operadores políticos del conflicto. La regidora impuesta al equipo del excandidato a la presidencia municipal, Isabel Fernández, ha optado por una narrativa que raya en el cinismo: defender lo indefendible y criminalizar la gestión pública. Acusar a Guadalupe Cuautle Torres de “campaña anticipada” por solicitar presupuesto para obras públicas no solo es jurídicamente endeble, sino políticamente perverso.
Gestionar recursos es una obligación constitucional de cualquier autoridad municipal. Solicitar presupuesto para obras no es un acto proselitista, es una responsabilidad de gobierno. Pretender convertir la gestión en delito revela una intención clara: deslegitimar, polarizar y confrontar, aun a costa del desarrollo del municipio. Es una estrategia diseñada para fabricar aspiraciones ajenas y generar conflictos artificiales que sirvan de pretexto al gobierno estatal para justificar su cerrazón.
Esta narrativa no surge de la casualidad, sino de una alineación cómoda con el poder estatal. Se busca sacar raja política, construir discursos a modo y posicionarse como oposición interna, aunque ello implique mentir, tergiversar y dividir a la comunidad. El resultado es un desgaste institucional innecesario que solo beneficia a quienes viven del conflicto.
A este discurso se suma Raymundo Cuautli, quien insiste en afirmar que “no hay trabajo y sí hay gasto público”, cuando los hechos lo desmienten de manera contundente. En cabildo ha avalado presupuestos, aprobado proyectos y respaldado decisiones financieras del municipio. La incongruencia es evidente y documentable: se aprueba lo que después se critica, se vota a favor de lo que luego se condena en medios y redes sociales.
Más preocupante aún es el uso del parentesco político como plataforma de simulación. Mientras se afirma que no hay resultados, se presume una supuesta labor internacional que poco o nada tiene que ver con las verdaderas necesidades de San Andrés Cholula. Pregonar en el extranjero una pirámide que localmente carece de atención básica resulta ofensivo para una comunidad que exige hechos, no postales turísticas.
El colmo del oportunismo se materializa en la promoción de un libro que no aporta ideas nuevas, que recicla contenidos de administraciones pasadas y que ni siquiera fue escrito por quien lo presume. El plagio político y la apropiación del trabajo ajeno se han convertido en herramientas para fabricar una imagen que no corresponde con la realidad del desempeño público.
En materia de migración, el discurso es igualmente pobre. Las acciones son mínimas, desarticuladas y carentes de impacto real. Lejos de representar una política pública sólida, el área se ha convertido en un escaparate personal que exhibe falta de capacidad, de estrategia y de compromiso genuino con la comunidad migrante. Todo indica que el verdadero interés no es servir, sino posicionarse.
CONTINUARA…