Por: Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- La iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación parte de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos
La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se presentará en septiembre de 2024 ante el Congreso ha generado un amplio debate en México, ya que aún existe mucha desinformación al respecto.
La reforma ha causado preocupación entre inversores y grupos civiles, temiendo que pueda afectar el Estado de derecho. Los mercados financieros pueden percibir la reforma como un riesgo para la estabilidad institucional, lo que podría afectar la confianza de los inversores y, por ende, la moneda nacional.
Si bien es cierto en la ley se necesitan herramientas, capacidades y conocimientos que exige el desempeño de la función judicial, pues la legitimidad de los jueces no proviene de la misma causa que sucede con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es el voto popular.
Aunque el presidente ha asegurado que la economía es fuerte y que la reforma no afectará negativamente, los mercados pueden estar preocupados por los posibles efectos a largo plazo de la reforma en la economía y la justicia.
Al ser los jueces y magistrados elegidos por voto popular, existe el riesgo de que el Poder Judicial se vea influenciado por la política partidista. Esto podría resultar en que los funcionarios judiciales favorezcan a ciertos grupos políticos o tomen decisiones basadas en la popularidad en lugar de la ley.
No olvidemos que Una elección está sujeta a procesos de movilización política que pueden tener el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder político dominante en turno y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia que cuenten con las competencias necesarias, lo que representa un riesgo muy importante a la independencia e imparcialidad de jueces o juezas, y al profesionalismo con el que deberían desempeñarse. Ahí hay un primer gran problema a esta iniciativa
Otro problema, desglosó, es que la iniciativa del Presidente contempla la creación de un tribunal de disciplina, lo que es preocupante, ya que lo que se plantea es que se convierta en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado
En nuestro país tenemos una situación de impunidad crónica, que hay deficiencias muy graves en el acceso a la justicia y que es necesario impulsar una reforma al sistema de justicia en su conjunto. Ahora, esa necesidad no debe ser confundida con un intento para desmantelar las condiciones de contrapeso que ejerce el Poder Judicial. Esta situación de impunidad crónica que vive el país, donde al menos 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo, se debe en buena medida a la falta de capacidades, de independencia y de profesionalismo de las fiscalías para la investigación de los crímenes.
Aún se deben afinar detalles sobre cómo se llevará a cabo la elección de los Candidatos y cuál será el proceso exacto. Es importante seguir de cerca el desarrollo de esta reforma, ya que podría tener implicaciones significativas para la estructura y funcionamiento del Poder Judicial en México.