Por: Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- Ya que la reforma electoral de inicio no fue aprobada el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un plan B de la reforma electoral, pero pocos sabemos de qué se trata o en que consiste, les explicare un poco para que usted mi estimado lector lo comprenda.
La nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores; aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para este 2024, las elecciones comenzarían la tercera semana de noviembre de este 2023.
También dentro del plan B esta la propuesta de modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) o sea en pocas palabras desaparecerlo y no tener una certeza de legalidad. Y esta conclusión de computo de las elecciones se establecerá a más tardar el viernes siguiente a las elecciones (hoy en día la conclusión de cómputos inicia el miércoles siguiente a la votación y terminan jueves o sea en un día).
Trata de achicar al INE, pretende modificar las instancias de Dirección del INE con la propuesta presentada el 6 de diciembre del 2022, donde se propone eliminar a la Junta General Ejecutiva (JDE), desde donde se dictan las directrices del ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral y en su lugar se plantea crear una Comisión de Administración con cinco consejeros, se plantea la remoción del actual secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina que fue reelecto para el periodo 2020 a 2026 y quieren poner un encargado de despacho a modo que cubra el periodo 2023 a 2029. El mismo gato revolcado a modo y conveniencia para los morenos.
Otro punto que llama fuertemente la atención, es la Extinción del Fideicomiso para de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto, el primero será empleado para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una buena parte del Servicio Profesional electoral Nacional (SPEN). Usted se preguntará ¿qué es el SPEN? bueno actualmente el SPEN integra las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejeros distritales donde hay personal especializado en la Organización, Capacitación y Registro Federal de electores (RFE), adicionalmente se propone que en vez de 300 consejeros distritales solo funcionen 260 de forma permanente y 40 se agreguen en elecciones. Todo cambio deberá sujetarse al presupuesto aprobado y no habrá recursos adicionales.
Nada por encima de la constitución y esta reforma “no pretende tocarla”, la propuesta no plantea modificar aspectos incluidos en nuestra constitución al menos sobre el número de integrantes del INE o la extinción de los Organismos Púbicos Electorales locales, así como número de integrantes o forma de elección del congreso.
Esta iniciativa del plan B incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, además de que abroga la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Eliminar esta última ley significa que no tendremos el sistema de medios de impugnación que tiene como objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, esto es que si en alguna elección amañada quieres defender tus derechos políticos electorales no podrás ya interponer un recurso de revisión para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad federal, ni tampoco podrás interponer un recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, de igual manera el juicio para la protección de los derechos político electorales como ciudadano, tampoco abrir juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus servidores públicos. Prácticamente quedamos en estado de indefensión ante una falta violatoria de derechos políticos electorales donde se comité algún tipo de irregularidades que pueden terminar en fraude electoral.
El consejero Ciro Murayama reprocho tajantemente que se pretenda modificar cosas que no existen como la rama administrativa del Servicio Profesional electoral Nacional porque el SEPEN no tiene ramas administrativas o sea que pretenden desaparecer algo inexistente, así de seria va la cosa del plan B de AMLO.