Por Aldo COSTILLA ROJAS
CHOLULA.- La semana pasada comentaba sobre los altos sueldos de los vocales de los 300 distritos federales en la república. Estos sueldos exagerados además resultan ofensivos cuando los comparamos con la remuneración de los capacitadores y supervisores electorales que son personal contratado bajo el esquema de honorarios durante una parte del proceso electoral. El agravio no sólo concierne al sueldo sino a las prestaciones.
El personal de campo, es decir, el que acude a los domicilios a notificar a los ciudadanos, que tiene recorrer largas distancias y enfrentarse a cualquier tipo de amenaza como la delincuencia, vialidades en mal estado, falta de alumbrado público, a lo que se le suma los malos tratos, agresiones y amenaza por parte de algunos ciudadanos. Por si no fuera poco, en muchas comunidades los perros callejeros son un riesgo potencial. Las mordidas de perro representan, quizá, la principal causa de daños a la integridad física del personal de campo.
Frente a esta adversidad los CAE’s y supervisores no cuentan con una afiliación, ni a un hospital privado ni al ISSSTE como trabajadores de un órgano federal.
A dichas contingencias se le adiciona que el proceso electoral 2020-21 y las Consultas ciudadanas de Juicio a ex-presidentes (2021) y de Revocación de Mandato (2022) han ocurrido en tiempo de pandemia. Si bien se han respetado las medidas y el Instituto ha provisto de material a los funcionarios, en caso de contagio los servicios médicos y medicamentos no están amparados por una institución de salud.
Retomando el tema salarial, mientras que el vocal ejecutivo gana 62 mil pesos, los capacitadores perciben un salario que oscila los 7 mil pesos más gastos de campo, con los que debe pagar transporte o taxis en horarios extremos.
Los consejeros nacionales, entre los que destacan por su acentuada tendencia, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, han expresado que no hay recursos suficientes para cumplir la Consulta de Revocación de Mandato y que solo se instalará un tercio de las casillas que se instalan en una votación constitucional. Ante esta decisión que claramente inhibe la participación, surge la duda por qué no hay un recorte a los grandes sueldos de los vocales y consejeros y con ello se mantenga el 100% de los Capacitadores y no solo el 30% al igual que las casillas.
Como se mencionaba en el artículo anterior, con los 500 millones que se podrían ahorrar si hay un recorte a la mitad en los salarios, se podría dar trabajo hasta a 17 mil personas como capacitadores durante 3 meses y realmente llevar a cabo una jornada de votación con funcionarios de casilla bien capacitados.
Medidas para ahorrar sobran y con ello asegurar una democracia eficiente y menos costosa sin embargo entre los Consejeros del INE impera una soberbia desmedida. El personal de las vocalías que también mantiene considerables ganancias se suma a la estructura que cuesta mucho a los mexicanos y que tiene grandes deficiencias y aunque la publicidad sostiene que llevan 31 años garantizando elecciones limpias, el histórico colectivo tiene registrados varios episodios de dudosa confiabilidad.
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