Existe una vieja máxima en la política más rancia de la 4T, que dicta que todo aquello que brille debe ser propiedad del Estado, y todo lo que se opaque, herencia del pasado.
Sin embargo, la reciente denuncia de un rescatista mexicano en Venezuela ha desnudado, con la crudeza que solo la emergencia provoca, los alcances de un aparato gubernamental obsesionado con la narrativa y profundamente divorciado de la realidad operativa de la sociedad civil.
El testimonio de un ciudadano, miembro de una asociación civil que financia sus propias misiones con recursos particulares y un sentido del deber estrictamente altruista, levanta la voz para denunciar la coacción. El gobierno de Morena, a través de sus canales formales, pretendió condicionar el reconocimiento o exigir que el esfuerzo se etiquetara a nombre de la administración pública y se agradeciera directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema es que el gobierno no puso un solo peso, no coordinó la logística y no arriesgó la vida de nadie en el terreno.
Este incidente no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología discursiva que ha definido al oficialismo actual: el monopolio del mérito y la descentralización de la culpa.
Bajo la lógica del régimen, el Estado ya no se concibe como un facilitador de las capacidades ciudadanas, sino como el único actor legítimo del bienestar. Si un atleta destaca en el extranjero, si un científico logra un avance o si un grupo de rescatistas salva vidas en una catástrofe internacional, la maquinaria de propaganda se activa de inmediato para «colgarse la medallita».
El éxito individual o colectivo de la sociedad es expropiado simbólicamente para engrosar el relato de la transformación. Es la pretensión de lucrar políticamente con el sudor ajeno.
En contraparte, presenciamos una flagrante irresponsabilidad administrativa cuando las cosas salen mal. Si la infraestructura colapsa, si la inseguridad desborda las calles o si la gestión pública muestra sus costuras más débiles, la respuesta jamás es la autocrítica.
El guion está firmemente ensayado: la culpa es del pasado, de la herencia recibida, de los «otros». Esta asimetría moral es insostenible: se asume la gloria de lo que no se sembró, pero se desconoce la responsabilidad de lo que se cosecha en el presente.
La indignación del rescatista es el reflejo de una sociedad civil que se resiste a ser asimilada por el patrimonio del partido en el poder. La verdadera protección civil y el auténtico humanismo no necesitan logos institucionales ni agradecimientos ensayados para la fotografía oficial; requieren presupuestos claros, facilidades logísticas y, sobre todo, el respeto a su autonomía.
Mientras el gobierno de la llamada continuidad prefiera la simulación de la propaganda por encima de la eficacia técnica y el apoyo real a las organizaciones independientes, seguiremos presenciando espectáculos penosos donde el poder busca aplausos en escenarios donde solo debería ofrecer respeto y silencio.
Al final del día, la medalla más valiosa de un rescatista es la vida salvada, un logro demasiado noble como para ser rebajado a la categoría de un simple tuit gubernamental.