En la política mexicana suele construirse una narrativa simplista: los buenos de un lado y los malos del otro. Sin embargo, cuando se observan los casos de Rubén Rocha Moya y María Eugenia Campos Galván, la realidad es mucho más compleja. Aunque pertenecen a proyectos políticos distintos —Morena y PAN— ambos gobiernos han enfrentado cuestionamientos severos sobre seguridad, transparencia y capacidad institucional.
La diferencia es que Sinaloa vive una crisis que ha alcanzado una dimensión nacional e internacional. Durante la administración de Rocha Moya, la violencia ligada al crimen organizado se convirtió en el principal factor de desgaste político. Diversos reportes periodísticos documentan incrementos en homicidios y extorsiones, además de un deterioro de la percepción de seguridad ciudadana.
Pero el golpe más fuerte no ha venido de las estadísticas, sino de las acusaciones formuladas desde Estados Unidos contra personajes cercanos a su administración y los señalamientos que han colocado al gobierno sinaloense bajo una presión inédita. La solicitud de licencia de Rocha Moya y las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y estructuras criminales provocaron una crisis de legitimidad que trasciende el ámbito estatal.
Sin embargo, también sería irresponsable presentar las acusaciones como una sentencia definitiva. Hasta ahora, el gobierno federal mexicano ha señalado públicamente que no existen elementos concluyentes que acrediten vínculos directos del exgobernador con organizaciones criminales, mientras el propio Rocha ha rechazado los señalamientos.
Del otro lado del país, Chihuahua ofrece una paradoja distinta. La administración de Maru Campos suele ser utilizada por sectores opositores como ejemplo de gobierno alternativo frente a Morena. No obstante, los indicadores de seguridad tampoco permiten una evaluación triunfalista. Diversos análisis han señalado incrementos importantes en delitos de alto impacto durante distintos momentos de su gestión y cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia de seguridad estatal.
Además, la mandataria panista ha enfrentado controversias relacionadas con investigaciones federales y episodios que han generado tensiones con el gobierno federal. Su postura de limitar declaraciones públicas mientras existen investigaciones abiertas ha sido interpretada por sus críticos como una estrategia de evasión política, mientras sus simpatizantes argumentan que responde a criterios jurídicos y de prudencia institucional.
Lo verdaderamente preocupante es que ambos casos reflejan una enfermedad más profunda del sistema político mexicano: la fragilidad de los gobiernos estatales frente al poder del crimen organizado y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Sinaloa representa el escenario donde la sospecha de captura criminal del Estado alcanza niveles alarmantes. Chihuahua, en cambio, exhibe las limitaciones de un modelo opositor que tampoco ha logrado resolver de manera contundente los problemas estructurales de violencia e inseguridad.
La comparación entre Rocha y Maru no debería reducirse a Morena contra PAN. Sería un error cómodo y políticamente rentable. El verdadero debate es por qué, sin importar el partido que gobierne, los estados más golpeados por la violencia siguen mostrando dificultades para garantizar seguridad, transparencia y rendición de cuentas.
Porque mientras los partidos intercambian acusaciones, los ciudadanos de Sinaloa y Chihuahua continúan enfrentando la misma realidad: miedo, incertidumbre y una creciente sensación de que la política sigue sin ofrecer respuestas proporcionales al tamaño de la crisis.