Por: Marco Aurelio
Bajo el seductor disfraz de la «eficiencia administrativa», el Gobierno del Estado de Puebla ha lanzado un anzuelo que muchos ayuntamientos, asfixiados por su propia inoperancia, están mordiendo con entusiasmo: ceder el cobro del impuesto predial al aparato estatal.
A primera vista, la oferta parece irrechazable. Se les promete abatir un rezago histórico del 60% y, de paso, engordar la bolsa de participaciones federales. Sin embargo, detrás de esta supuesta ayuda técnica se esconde la consolidación de una trampa financiera que hiere de muerte la autonomía municipal.
El federalismo mexicano ha mutado en una estructura donde los municipios tienen todas las responsabilidades de gasto, pero han sido castrados de su capacidad real de ingreso. Esta «brecha fiscal» no es un accidente, sino una herramienta de control político.
Al invitar a los municipios a entregar su principal fuente de ingresos propios, el Estado no está simplemente «ayudando a cobrar»; está confiscando la última pizca de soberanía que le quedaba al orden de gobierno más cercano a la gente.
La crítica no es solo para quien lanza el anzuelo, sino para quienes caen en el juego por pura pereza fiscal. Es cómodo para un alcalde evitar el costo político de cobrar impuestos a sus vecinos y dejar que sea el «ogro estatal» quien haga el trabajo sucio. Pero esa comodidad tiene un precio altísimo: la transformación del presidente municipal en un mero «gerente de sucursal» que debe pedir permiso (y favores) para acceder al dinero que sus propios ciudadanos generaron.
Este modelo perpetúa una ilusión financiera. Los municipios que firman estos convenios aceptan, de facto, una minoría de edad perpetua. Se vuelven adictos a las transferencias y pierden el incentivo de rendir cuentas directamente a su población. Si el ciudadano no siente que su impuesto sostiene al municipio, y si el alcalde no siente la presión de recaudar con justicia, el vínculo democrático se rompe.
Lo que vemos en Puebla es la actualización de la vieja máxima del poder en México: quien controla la caja, controla la voluntad. Al centralizar el recaudo, el Estado adquiere una capacidad de sometimiento discrecional. Aquellos municipios que no se alineen políticamente podrían descubrir, por «errores técnicos» o retrasos administrativos, que el flujo de su propio dinero se vuelve lento y escaso.
Entregar el predial es entregar las llaves de la casa bajo la promesa de que el casero nos ayudará a limpiar.
Al final del día, los municipios poblanos corren el riesgo de despertar dándose cuenta de que ya no son dueños de su destino, sino inquilinos de su propia hacienda, sometidos a los designios de una oficina en la capital que ahora tiene el control total del interruptor de la luz.