* En la sesión de este martes, la Corte determinó que no se encuentra acreditada la reserva de la información por razones de seguridad nacional
MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobierno federal deberá entregar una versión pública de la información concerniente al software espía Pegasus y todos los pagos interbancarios relacionados con su contratación.
Por nueve votos contra dos, la Corte rechazó el argumento de la Consejería Jurídica, en el sentido de que dicha información vulneraba la seguridad pública, y ratificó la decisión del instituto de entregar una versión pública de la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa.
Los ministros señalaron que “la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite un cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional”, como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Además, dijeron los ministros, la autoridad no demostró por qué divulgar la información implicaría una afectación en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, “ya que se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas”.
Agregaron que la información solicitada no es producto de labores de inteligencia o contrainteligencia.
“Estamos frente a un problema de la mayor relevancia, ya que ha puesto en riesgo la protección del derecho humano a la privacidad al tratarse de la adquisición encubierta de tecnologías digitales para la intervención ilegal de comunicaciones privadas de las personas, lo cual constituye una labor de espionaje que debemos enérgicamente rechazar”, dijo la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En contra votaron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
“El caso Pegasus los reportes que tiene la UIF fueron generados como parte del ejercicio de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia respecto del sobreprecio por el que presumiblemente fue adquirido el programa por parte de la entidad contratante correspondiente; documentos que necesariamente forman parte del cúmulo de constancias que integran las investigaciones que, en materia de seguridad nacional, realiza la UIF”, señaló la ministra Lenia Batres Guadarrama.