Por: Jorge Gómez Carranco
La crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya llegó a uno de sus momentos más delicados con su sorpresivo regreso a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia y, apenas unas horas después, con su nueva solicitud de licencia, lo ocurrido no puede entenderse únicamente como una decisión personal de un gobernador que asegura defender su honorabilidad; representa un episodio que profundiza la incertidumbre institucional de Sinaloa y abre un debate nacional sobre la responsabilidad de los gobernantes frente a señalamientos de enorme gravedad. Rocha Moya dejó temporalmente el cargo el 1 de mayo, después de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones que lo relacionan presuntamente con una estructura del Cártel de Sinaloa, el gobernador ha rechazado las acusaciones y sostuvo que su reincorporación obedecía al deber de cumplir el mandato que recibió de los sinaloenses, asimismo, afirmó que durante su separación del cargo se puso a disposición de las autoridades mexicanas y que la Fiscalía General de la República no encontró elementos que sustentaran una conducta penal en su contra.
Sin embargo, el problema político no desapareció con la explicación de Rocha Moya, por el contrario, su regreso generó una nueva crisis porque Morena y el Gobierno Federal se deslindaron de la decisión, la dirigencia nacional de Morena señaló que no fue consultada, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que ningún interés personal puede colocarse por encima de los intereses de Sinaloa y de la Nación. Sinaloa atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis de seguridad, violencia, desapariciones y afectaciones económicas. el regreso y posterior salida de Rocha Moya transmitieron una imagen de inestabilidad institucional en un estado que necesita exactamente lo contrario: certidumbre, autoridad, seguridad y confianza.
La postura del Partido Acción Nacional ha sido frontal, endureció su posición y planteó nuevamente el juicio político y la desaparición de poderes en Sinaloa, el partido considera un problema mayor: la posibilidad de que las instituciones sean utilizadas para proteger políticamente a funcionarios cuestionados, ninguna persona, independientemente de su partido, quede por encima de la ley. El debate sobre la desaparición de poderes es particularmente delicado y debe manejarse dentro de los mecanismos constitucionales correspondientes. no puede convertirse simplemente en una consigna partidista. se trata de una medida extraordinaria que requiere acreditar las condiciones previstas por el marco constitucional y legal. Lo políticamente más significativo de este episodio es que Rocha Moya terminó enfrentándose no solamente a la oposición, sino también a sectores de su propio partido, su regreso fue presentado como una decisión personal y posteriormente generó llamados de Morena y de integrantes de la llamada Cuarta Transformación para que reconsiderara su posición.
Finalmente, solicitó nuevamente licencia. esta secuencia deja una pregunta inevitable: ¿quién gobierna realmente cuando un gobernador puede regresar al cargo sin que su propio partido y el Gobierno Federal tengan conocimiento previo de la decisión y, posteriormente, abandonar nuevamente el puesto ante la presión política? La respuesta revela una fractura institucional que no puede ignorarse, Sinaloa requiere estabilidad y conducción política, no decisiones que profundicen la incertidumbre.
Desde una perspectiva electoral, el costo para Morena también puede ser considerable, la oposición tendrá argumentos para presentar el caso Rocha Moya como un ejemplo de lo que considera una política de protección a los integrantes del propio movimiento, aunque Morena se haya deslindado del regreso, el ciudadano común puede percibir que el gobernador llegó al poder bajo las siglas de ese partido y que buena parte de su administración estuvo respaldada por el oficialismo, la responsabilidad política, por tanto, difícilmente desaparece con un comunicado de deslinde.
La oportunidad política consiste en convertir la crítica en una propuesta de Estado: instituciones independientes, combate real a la delincuencia, seguridad para las familias, transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancias a la impunidad. La democracia no puede limitarse a votar cada determinado número de años, la ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas, conocer las investigaciones, cuestionar a sus gobernantes y demandar instituciones capaces de actuar sin importar el partido político de quien se encuentre en el poder, el hartazgo social puede convertirse en una fuerza política importante cuando los ciudadanos consideran que sus problemas de seguridad, economía y tranquilidad no están siendo atendidos.
La imagen que deja Rocha Moya al regresar al poder y volver a solicitar licencia poco más de un día después es la de un gobierno atrapado en una profunda crisis de confianza, para los sinaloenses, la prioridad debería ser recuperar la seguridad, la estabilidad y la credibilidad de sus instituciones. Para el PAN, el desafío será mantener una oposición firme, pero responsable, que exija justicia sin sustituir a los tribunales y que coloque por encima de cualquier interés partidista el derecho de los ciudadanos a vivir en un estado seguro, democrático y gobernado con transparencia.
El caso Rocha Moya, en consecuencia, trasciende a un solo gobernador, es una prueba para Morena, para la oposición y, sobre todo, para las instituciones mexicanas, si las investigaciones avanzan con independencia y transparencia, Sinaloa podrá comenzar a recuperar la confianza perdida, si, por el contrario, el caso vuelve a resolverse mediante acuerdos políticos, licencias temporales y silencios institucionales, el mayor perjudicado no será solamente un partido o un gobernador: serán los ciudadanos sinaloenses que llevan años esperando que el Estado vuelva a garantizarles seguridad, justicia y tranquilidad. Pero usted mi estimado lector como siempre tiene la ultima palabra para los próximos comicios del 2027.