PRIMERA PARTE
Mis queridas y queridos lectores la nueva reforma plantea readscripciones, evaluaciones, disciplina y vigilancia. El verdadero debate no es modernizar la justicia, sino evitar que la eficiencia termine convirtiéndose en presión sobre quienes deben impartirla.
México está entrando nuevamente en una etapa de transformación profunda de su Poder Judicial. Y esta vez el debate no puede reducirse a una pelea entre quienes defienden a la llamada Cuarta Transformación y quienes la cuestionan.
Aquí hay algo mucho más serio en juego:
La independencia de quienes imparten justicia y las condiciones laborales de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
La propuesta presentada el 6 de octubre plantea modificaciones a la organización, administración y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Entre otros puntos, contempla mecanismos relacionados con la readscripción del personal, evaluación, disciplina, suplencias, control de retrasos, vigilancia y administración presupuestaria. La propuesta todavía debe seguir su proceso legislativo; por tanto, no debe confundirse una iniciativa con una norma ya vigente.
Y precisamente por eso hay que analizarla antes de que sea demasiado tarde.
La palabra que debe preocuparnos: discrecionalidad
Una de las cuestiones más delicadas es la readscripción.
Mover a un servidor público de una ciudad o centro de trabajo a otro puede tener una justificación administrativa: cubrir necesidades del servicio, redistribuir cargas de trabajo o atender zonas con mayor demanda.
Pero hay una diferencia enorme entre una decisión administrativa objetiva y justificable y una decisión discrecional.
Si una persona puede ser trasladada sin criterios claros, sin motivación suficiente, sin audiencia y sin mecanismos efectivos para impugnar la decisión, aparece un riesgo evidente:
Que la movilidad laboral termine convirtiéndose en una herramienta de presión.
Y esto no es un asunto exclusivo de jueces.
Afecta secretarios, actuarios, oficiales y personal administrativo.
Personas que tienen familias, vivienda, hijos, compromisos económicos y una vida construida alrededor de su lugar de trabajo.
Evaluar no es el problema. Evaluar sin contexto sí.
Otro de los grandes temas es la evaluación de productividad.
Por supuesto que el Poder Judicial debe rendir cuentas.
Por supuesto que los ciudadanos tienen derecho a exigir tribunales eficientes.
Pero medir justicia únicamente con números puede generar una distorsión peligrosa.
No todos los expedientes tienen la misma complejidad.
No todos los juzgados tienen la misma carga.
No todos cuentan con el mismo número de trabajadores.
No todos enfrentan las mismas condiciones materiales.
Y una sentencia no debería convertirse en una carrera contra el cronómetro.
Si se premia exclusivamente la cantidad de resoluciones, existe el riesgo de generar incentivos perversos: resolver más rápido en lugar de resolver mejor.
La propia documentación analizada advierte la necesidad de distinguir entre retrasos atribuibles a una persona y aquellos derivados de plazas vacantes, cargas de trabajo, complejidad de asuntos o falta de recursos.
Ese matiz es fundamental.
Disciplina: necesaria, pero con contrapesos
La creación y fortalecimiento de mecanismos de disciplina puede tener una justificación legítima: combatir corrupción, negligencia y malas prácticas.
El problema aparece cuando el mismo sistema concentra demasiadas capacidades de investigación, vigilancia, evaluación y sanción sin contrapesos suficientemente claros.
Una justicia independiente necesita disciplina.
Pero también necesita debido proceso.
La propia estructura actual de la reforma judicial contempla al Tribunal de Disciplina Judicial como un órgano especializado dentro del nuevo diseño institucional.
La pregunta entonces es:
¿Quién vigila a quienes vigilan?
Porque un sistema disciplinario fuerte puede convertirse en una herramienta positiva contra la corrupción si existen reglas claras.
Pero sin garantías suficientes también puede generar temor entre quienes tienen que tomar decisiones difíciles.
CONTINUARA…