PRIMERA PARTE
La política tiene reglas no escritas que, cuando se ignoran, terminan por cobrarse en las urnas. Una de ellas es simple: nunca confrontes a quienes te dieron el poder. En Puebla, esa regla parece haber sido deliberadamente desechada.
El gobierno estatal ha optado por una narrativa que, lejos de construir, divide. Lejos de reconciliar, confronta. Y lo más grave: no confronta a sus adversarios, sino a sectores de la propia ciudadanía.
La historia política demuestra que ese camino no conduce a la consolidación del poder, sino a su desgaste acelerado.
La insistencia en discursos reciclados ha dejado de ser efectiva. Hoy, esas frases no movilizan: cansan.
La ciudadanía no exige narrativas, exige resultados.
En la región cholulteca, la utilización de programas sociales ha comenzado a generar inquietud.
Cuando la ayuda social se cruza con la estrategia electoral, la línea se rompe.
La política convertida en espectáculo no resuelve los problemas reales.
El error estratégico radica en confundir movilización con respaldo.
El costo inevitable: votos.
Puebla no necesita más discursos. Necesita gobierno.
En política, todo se cobra. Y no hay factura más cara que la que se paga en las urnas.
Puebla: el costo de confrontar al electorado y la peligrosa normalización de la política simulada
Fernando Sandoval
Analista Egresado de la UNAM
El reiterado y desgastado discurso de la crítica sin propuesta no solo ha perdido eficacia, sino que se ha vuelto contraproducente, incluso en términos electorales. En un contexto donde la ciudadanía exige resultados tangibles, insistir en narrativas negativas —como “acabar con los moches” o “terminar con las milpas”— sin acompañarlas de soluciones concretas, revela una estrategia limitada y anclada en el pasado.
Más aún, resulta contradictorio que se utilicen como bandera obras o proyectos que en su momento fueron señalados, pero que hoy ni siquiera cuentan con autorización formal, ni han sido ejecutados por quienes ahora los promueven. Este tipo de incongruencias no fortalece el debate público; por el contrario, erosiona la credibilidad institucional y política.
En el caso del gobierno estatal, se percibe una tendencia preocupante hacia la construcción de discursos polarizantes. Si bien los programas comunitarios impulsados parten de un objetivo loable —atender necesidades sociales y fomentar la participación ciudadana—, su implementación se ve debilitada por las formas y los actores que los operan. La metodología, lejos de consolidar cohesión social, corre el riesgo de fragmentarla.
A esto se suma la persistencia de figuras políticas que, sin haber demostrado resultados claros ni conexión auténtica con la ciudadanía, continúan en una lógica de promoción personal: buscar reelegirse, postularse o autoproponerse. Esta dinámica no responde a una vocación de servicio, sino a una estrategia de permanencia en el poder.
Preocupa también la instrumentalización de la población mediante prácticas que rozan lo simbólico y lo condicionado: solicitudes de fotografías con gestos específicos, participación dirigida o representaciones forzadas que buscan construir una narrativa favorable. Estas acciones, lejos de empoderar a la ciudadanía, pueden interpretarse como mecanismos de control político, orientados a justificar la gestión de recursos bajo una lógica clientelar.
El verdadero reto no está en organizar a la población, sino en representarla con autenticidad. No se trata de movilizar para un fin político, sino de escuchar, atender y resolver. Sin empatía, sin resultados y sin propuestas claras, cualquier discurso —por más repetido que sea— está destinado a perder legitimidad.
En política, hay errores que se pagan en el corto plazo y otros que se acumulan silenciosamente hasta convertirse en derrotas inevitables. Confrontar a quienes otorgaron el voto es, sin duda, uno de los más costosos. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta parece transitar por esa ruta, en la que el discurso polarizante sustituye al ejercicio de conciliación que exige el mandato democrático.
La lógica del poder no debería ser la confrontación permanente, sino la construcción de gobernabilidad. Como advertía Max Weber, “la política es la lenta perforación de duras tablas con pasión y mesura al mismo tiempo”. Esa mesura hoy parece ausente en un entorno donde la narrativa pública privilegia el antagonismo sobre la solución.
El desgaste de la narrativa y la pérdida de legitimidad
El problema no es únicamente de forma, sino de fondo. Cuando el discurso político se reduce a la crítica reiterativa sin propuesta, se vacía de contenido y pierde eficacia. La insistencia en frases recicladas —“acabar con los moches”, “terminar con las prácticas del pasado”— sin acompañarlas de resultados tangibles, genera un efecto inverso: cansancio social.
La ciudadanía ya no responde a consignas, sino a evidencias. Y en ese vacío, la percepción pública se vuelve determinante. En el ámbito nacional e internacional, los señalamientos —aunque se enmarquen en el terreno de lo “presunto”— hacia figuras como el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles vínculos con estructuras del crimen organizado, han contribuido a erosionar la narrativa moral que durante años sostuvo a un proyecto político.
No se trata de validar acusaciones, sino de entender su impacto. Como bien señala Hannah Arendt, “el poder corresponde a la capacidad humana no solo de actuar, sino de actuar concertadamente”. Cuando esa acción colectiva se fractura por la desconfianza, el poder pierde su base más importante: la legitimidad.
CONTINUARA…