* La iniciativa busca cerrar vacíos legales para proteger a niñas y adolescentes de uniones impuestas.
Puebla.- Tipificar el delito de “cohabitación forzada” en el Código Penal del Estado de Puebla es proteger a niñas, niños y adolescentes, para combatir prácticas que vulneran su libertad, dignidad e integridad, aseguró la Diputada Susana Riestra en la tribuna del Congreso del Estado.
La propuesta legislativa plantea reformar el artículo 128 Bis y adicionar una sección novena denominada “Cohabitación Forzada”, con el fin de sancionar penalmente a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de 18 años —o a quien no tenga capacidad para comprender o resistir— a integrarse a una unión de hecho, informal o consensuada equiparable al matrimonio.
La ley protege o abandona. No hay punto intermedio”, expresó Susana Riestra desde tribuna, al advertir que cuando el Estado prohíbe prácticas como el matrimonio infantil, pero no las sanciona penalmente, se genera impunidad.
Esta iniciativa responde a un fenómeno que persiste en el país y en la entidad, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad.
De acuerdo con datos oficiales del INEGI, en 2024, Puebla registró 6 mil 23 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, con una tasa superior al promedio nacional, este hecho evidencia la urgencia de fortalecer el marco jurídico para prevenir uniones impuestas, dinámicas de control y maternidades tempranas asociadas a entornos de coerción.
El proyecto establece penas de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa, con agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o sea una persona con discapacidad.
Asimismo, propone que el delito de cohabitación forzada sea imprescriptible, reconociendo que en este tipo de conductas la denuncia suele ser tardía debido al miedo, la dependencia y la presión familiar o comunitaria.
Añadió que, “ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos de las niñas y adolescentes”, y llamó a que el Congreso asuma su responsabilidad constitucional de garantizar el interés superior de la niñez mediante un marco jurídico claro, eficaz y congruente con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Asimismo, agradeció y reconoció públicamente a las legisladoras que se sumaron a esta iniciativa: “reconozco su compromiso y altura de miras de mis compañeras diputadas, Delfina Pozos, Luana Armida, Celia Bonaga, Azucena Rosas Tapia, Leonela Martínez, Esther Martínez, Fedrah Suriano y Araceli Celestino, por impulsar juntas esta importante propuesta que es, hoy más que nunca, un asunto de Estado”.
De manera particular, subrayó que esta iniciativa se complementa con la presentada en junio de 2025, por la diputada Xel Arianna Hernández, y pretende reformar el Código Penal para tipificar la cohabitación forzada y armonizar nuestra legislación al Código Penal Federal.
Finalmente, la iniciativa prevé medidas transitorias para garantizar su correcta implementación, incluyendo la armonización de protocolos de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, la adecuación de rutas de atención para víctimas y la capacitación del personal ministerial, policial y jurisdiccional, sin generar impacto presupuestal adicional.