En pleno 2026, el fenómeno de la corrupción sigue siendo uno de los temas más incisivos en la agenda pública de Puebla. Las cifras oficiales y las encuestas independientes muestran una realidad compleja: aunque algunos indicadores apuntan a mejoras, la percepción de la ciudadanía sigue colocándose en niveles alarmantes.
Reducción de víctimas de corrupción
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cantidad de personas que reportaron haber sufrido actos de corrupción en Puebla disminuyó 16.9 % entre 2021 y 2023, pasando de 216 177 a 179 459 casos respectivamente.
Este descenso —si bien positivo— aún se concatena con otros datos que revelan retos profundos en el combate a la corrupción.
BuAlta prevalencia de contacto con actos corruptos
En 2023, 11 897 por cada 100 000 habitantes que realizaron trámites con servidores públicos reportaron haber enfrentado al menos una práctica corrupta en Puebla. Este nivel se ubicó por debajo de la media nacional (13 966), pero evidencia que casi uno de cada nueve poblanos experimentó un acto de este tipo.
Percepción ciudadana: un muro difícil de romper
Más allá de las denuncias formales, la percepción social de corrupción en Puebla sigue extremadamente alta:
87.8 % de la población adulta considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el estado, según ENCIG 2023.
Este nivel sitúa a Puebla entre las entidades con peor percepción en el país. La persistencia de esta visión refleja un desafío profundo de confianza en las instituciones locales.
Denuncias y sanciones: la impunidad persiste
Un análisis de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta 2024 revela una desconexión entre la apertura de denuncias y la justicia efectiva:
6 432 investigaciones por corrupción iniciadas entre 2018 y 2024.
De estas, solo 29 han concluido en sentencia condenatoria.
Esta brecha —que representa menos del 0.5 % de casos resueltos— es una de las principales causas de la percepción de impunidad entre la población.
En 2025, el propio Gobierno de Puebla reportó la apertura de 471 expedientes por actos de corrupción, de los cuales apenas 49 terminaron en sanciones efectivas (10.4 %).
Acciones institucionales: ¿avance o respuesta reactiva?
El Ejecutivo estatal ha impulsado políticas bajo la bandera de “Cero tolerancia a la corrupción”, con acciones como:
Investigación de 312 posibles faltas administrativas y seguimiento de otros 179 procedimientos.
Puebla Post
Operación de más de 500 buzones digitales de denuncia ciudadana, así como plataformas de atención para orientar a los ciudadanos sobre cómo presentar quejas formales.
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Estas iniciativas muestran un incremento en la infraestructura para denunciar irregularidades. Sin embargo, la distancia entre denuncias recibidas y sanciones efectivas sigue siendo crítica.
Las estadísticas oficiales y las encuestas revelan una imagen dual:
Mejoras reales en victimización declarada, pero
una percepción social que permanece elevada, y
una impunidad judicial que erosiona la confianza pública en la lucha anticorrupción.
Mientras los indicadores cuantitativos muestran señales de cambio, la percepción ciudadana actúa como termómetro social: la mayoría de los poblanos sigue considerando la corrupción como un problema estructural. Para 2026, el reto no es solo capturar más casos, sino construir mecanismos que transformen la percepción en resultados palpables de justicia y transparencia.