SEGUNDA PARTE
El problema no puede comenzar cuando desaparecen
La política pública mexicana sigue teniendo una enorme obsesión por reaccionar.
Desaparece alguien.
Activamos una ficha.
Compartimos una fotografía.
Movilizamos policías.
Revisamos cámaras.
Organizamos brigadas.
Todo eso es indispensable.
Pero existe una pregunta anterior:
¿Qué estamos haciendo para evitar que desaparezcan?
La desaparición de personas no puede atenderse únicamente como un problema de búsqueda.
También es un problema de seguridad.
De prevención.
De violencia.
De crimen organizado.
De trata de personas.
De secuestro.
De violencia familiar.
Y, dependiendo de cada caso, de diferentes circunstancias sociales y personales.
Necesitamos mejores mecanismos de búsqueda.
Pero también necesitamos atacar las causas que producen desapariciones.
Las primeras horas no pueden desperdiciarse
México debe terminar definitivamente con aquella vieja cultura institucional de decir:
“Seguro se fue con el novio”.
“Espere 72 horas”.
“Ya regresará”.
“Es joven”.
“Probablemente se fue por voluntad propia”.
Cada desaparición debe comenzar tratándose con seriedad.
Porque si posteriormente se determina que fue una ausencia voluntaria, extraordinario.
Pero si hubo un delito, las primeras horas pueden resultar decisivas.
Cámaras.
Geolocalización conforme a la ley.
Telefonía.
Testimonios.
Vehículos.
Casetas.
Redes sociales.
Hospitales.
Terminales.
Carreteras.
Fiscalías, policías municipales, estatales y federales deberían trabajar desde el primer momento mediante protocolos interoperables.
No como instituciones que intercambian oficios.
Como un solo sistema de búsqueda.
También necesitamos mejores datos
Existe además un problema que pocas veces discutimos.
Las cifras sobre desapariciones pueden variar dependiendo de qué institución consultemos y qué exactamente esté contabilizando.
Por ejemplo, la Fiscalía de Puebla registró 1,086 carpetas de investigación por desaparición de personas entre enero y agosto de 2026, aproximadamente 136 mensuales.
Puebla capital concentró 467; Tehuacán 61; San Martín Texmelucan 36; Cuautlancingo 35; Amozoc, Izúcar de Matamoros y San Pedro Cholula, 30 cada uno.
Esas cifras no son directamente comparables con los 2,619 registros de jóvenes del RNPDNO porque miden universos y registros distintos.
Pero precisamente ahí existe otro desafío.
Un país que quiere encontrar a sus desaparecidos necesita saber exactamente a quién está buscando.
Fiscalías, comisiones de búsqueda y Registro Nacional necesitan información interoperable, actualizada y transparente.
No necesitamos otra condolencia
Después de cada tragedia ocurre prácticamente lo mismo.
“Lamentamos profundamente”.
“Expresamos nuestras condolencias”.
“Reiteramos nuestro compromiso”.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
Las condolencias son humanas.
Pero no son política pública.
Las familias necesitan investigaciones.
Resultados.
Responsables.
Sentencias cuando hubo delito.
Y sobre todo necesitan que la siguiente familia no tenga que vivir lo mismo.
Porque gobernar también significa impedir que las tragedias se vuelvan estadísticas.
¿Cuántos más?
Hugo Alejandro tenía 25 años.
Mateo tenía 16.
Uno estudiaba una licenciatura.
El otro cursaba preparatoria.
Los dos tenían una vida por delante.
Sus casos son diferentes y las investigaciones apuntan, hasta ahora, a circunstancias distintas. No sería responsable mezclarlos penalmente.
Pero socialmente existe algo que inevitablemente los une:
salieron de casa y sus familias comenzaron a buscarlos.
Y ambos fueron encontrados sin vida.
Puebla tiene que preguntarse seriamente qué está ocurriendo con sus jóvenes.
Porque 2 mil 619 reportes de personas de entre 15 y 30 años en menos de nueve meses no pueden convertirse simplemente en otra estadística.
Son 2 mil 619 veces que alguien preguntó:
“¿Dónde está mi hijo?”
“¿Dónde está mi hija?”
“¿Dónde está mi hermano?”
“¿Dónde está mi amigo?”
Y aunque muchas de esas personas posteriormente hayan sido localizadas, cada reporte representa horas o días de angustia que ninguna familia debería normalizar.
Por eso no quiero terminar esta columna hablando de números.
Quiero terminar hablando de nombres.
Hugo Alejandro Hernández Tello.
Mateo Hernández.
Porque quizá uno de los mayores peligros de una crisis de desapariciones sea precisamente éste:
que un día dejemos de recordar los nombres y solamente discutamos estadísticas.
México no puede acostumbrarse a buscar a sus jóvenes.
Puebla tampoco.
Y ningún gobierno debería sentirse satisfecho mientras exista una madre o un padre recorriendo calles con la fotografía de su hijo entre las manos.
Porque una ficha de búsqueda no es una publicación más.
Es una familia pidiendo que alguien regrese a casa.
Y cuando esa persona no regresa, la pregunta también debe dirigirse al Estado:
¿qué falló y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir?