Mientras el país debate sobre seguridad, política o economía, existe otra emergencia que avanza en silencio, sin marchas multitudinarias, sin conferencias de prensa diarias y, muchas veces, sin presupuesto suficiente.
Se llama salud mental.
Y en México continúa siendo tratada como un asunto privado, cuando en realidad constituye uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI.
En apenas unos días, tres historias conmocionaron a la opinión pública.
El fallecimiento del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, cuya muerte abrió nuevamente el debate sobre la presión emocional que enfrentan muchos docentes, acusado presuntamente por su alumna.
El caso de Orlando García Maciel, policía vial de León, Guanajuato, quien antes de quitarse la vida grabó un mensaje que hoy estremece al país: «Por favor, siempre tomen como primordial su salud mental…». En ese video confesó haber vivido durante años una «depresión silenciosa» que terminó por consumirlo.
Y más recientemente, el fallecimiento de un elemento de la Policía Auxiliar de Puebla en la zona de Las Ánimas, un caso que las autoridades investigan y en el que una de las líneas de investigación contempla un posible suicidio, sin que hasta ahora exista una conclusión oficial.
Tres historias distintas.
Tres contextos diferentes.
Pero un mismo mensaje.
La salud mental dejó de ser un tema secundario.
Las cifras nacionales confirman que no se trata de hechos aislados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 se registraron 8 mil 856 suicidios en México, la cifra más alta documentada hasta ahora, equivalente a una tasa de 6.8 suicidios por cada 100 mil habitantes. Los hombres representan la inmensa mayoría de las víctimas y el grupo de entre 30 y 44 años concentra la tasa más elevada.
Detrás de cada número hay una familia rota, una comunidad marcada y una pregunta que casi siempre llega demasiado tarde:
¿Pudimos haber hecho algo?
La respuesta científica es sí.
La Organización Mundial de la Salud ha sostenido durante años que una proporción importante de los suicidios puede prevenirse mediante políticas públicas integrales, detección temprana, acceso oportuno a atención psicológica y psiquiátrica, reducción del estigma y fortalecimiento de redes de apoyo. El propio sistema estadístico mexicano reconoce la salud mental y el suicidio como un problema prioritario de salud pública.
Sin embargo, México sigue reaccionando cuando ocurre la tragedia.
No antes.
Nos conmueve un video póstumo.
Nos duele una esquela.
Guardamos un minuto de silencio.
Y después continuamos exactamente igual.
Eso no es prevención.
Eso es resignación.
Resulta especialmente preocupante que dos de los casos recientes involucren a servidores públicos encargados de proteger a la sociedad.
Policías que enfrentan jornadas extenuantes, violencia cotidiana, estrés permanente y una enorme carga emocional.
Paradójicamente, quienes cuidan a la ciudadanía muchas veces no cuentan con programas permanentes para cuidar su propia salud mental.
Especialistas han advertido que en numerosas corporaciones policiales mexicanas los programas psicológicos son insuficientes o inexistentes, a pesar del alto riesgo psicosocial asociado a la profesión.
Lo mismo ocurre con miles de docentes.
La presión administrativa, la violencia escolar, la incertidumbre laboral y el desgaste emocional pocas veces forman parte de la conversación pública.
Seguimos esperando que maestros, policías, médicos y servidores públicos resistan indefinidamente, como si pedir ayuda fuera una señal de debilidad.
No lo es.
Pedir ayuda es un acto de valentía.
Ignorar el problema es lo verdaderamente peligroso.
Por eso esta discusión debe salir del terreno de la compasión y entrar al de las políticas públicas.
Los gobiernos federal, estatales y municipales tendrían que asumir la salud mental como una prioridad estratégica.
Eso implica construir programas permanentes de atención psicológica gratuita; establecer evaluaciones periódicas del bienestar emocional para docentes, policías, personal médico y servidores públicos; incorporar psicólogos en escuelas y centros laborales; fortalecer las líneas de atención en crisis; capacitar a mandos para identificar señales de alerta y desarrollar campañas nacionales que eliminen el estigma de acudir al psicólogo o al psiquiatra.
La prevención cuesta.
Pero la indiferencia cuesta mucho más.
Cada suicidio representa una pérdida irreparable para una familia, una institución y toda la sociedad.
El verdadero fracaso no consiste únicamente en que alguien decida terminar con su vida.
El verdadero fracaso ocurre cuando una persona sufre durante meses o años sin encontrar una red de apoyo capaz de escucharla.
No podemos seguir esperando otro video de despedida para recordar la importancia de la salud mental.
No podemos seguir contando muertos mientras los presupuestos destinados a atención psicológica continúan siendo insuficientes.
Y no podemos seguir creyendo que hablar de depresión, ansiedad o suicidio es un tema incómodo.
Porque el silencio también mata.
Quizá la política pública más urgente que México necesita no sea únicamente construir más hospitales, más patrullas o más infraestructura.
Quizá sea construir una sociedad donde pedir ayuda deje de ser motivo de vergüenza y se convierta, por fin, en una verdadera política de Estado.
Porque la salud mental ya no puede seguir esperando.
Cada día que pasa, alguien libra una batalla que nadie ve.