Nadie descubre el hilo negro

* Los comicios del 2024 no será la excepción

Por: Jorge GÓMEZ CARRANCO

CHOLULA.- Durante décadas demos observado con resignación a funcionarios públicos movilizar apoyo y recursos para las campañas electorales. Basta una ojeada a los periódicos y noticiarios en tiempos electorales y hoy en día las redes sociales que se llenan de evidencia fotográfica, videos que nos muestran la práctica de algunos políticos que están luchando por ganar una elección ya sea federal, estatal o municipal.

Con todo esto en la mente se da la pauta para que se investigue ante el Instituto Federal Electoral ahora mejor conocido como Instituto Nacional Electoral, que sancionan estas conductas, pues el objetivo ha sido desterrar estos usos de la arena electoral y sancionar a todas aquellas personas que resulten responsables.

Que se debe hacer primero, realmente les digo mis estimados lectores que es necesario tenerlas muy presentes muy pero muy presentes en estos casos: Primero para poder castigar cualquier delito o ilícito, debemos probarlo; ya sea por su naturaleza ilegal han sido ocultados por quien los comete.

Dice un dicho y dice bien que el que busca, encuentra ejemplo de ello fue en el 2021 donde el Instituto Nacional electoral aprobó una multa al Partido del Trabajo. La sanción le fue impuesta luego de haberse descubierto la transferencia de recursos otorgados por el Gobierno del Estado de Nuevo León a los Centros de Desarrollo Infantil y de aquí hacia personas vinculadas con el PT; estos recursos públicos redirigidos por los CENDIS eran una fuente ilícita de financiamiento, mismos recursos que eran omitidos de los informes de ingresos y gastos que el partido entregó al INE.

Hace unos días, llegó a la Sala Superior un recurso de apelación del PRD en contra de la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE sobre el desechamiento de una queja que interpuso dicho partido en contra de Morena, la precandidata de dicho partido a la presidencia y diversos funcionarios públicos por el uso indebido de recursos públicos para destinarlos a la campaña de la precandidata Claudia Sheinbaum y los del partido de Morena.