Por: Angélica Carranco Tejeda
Así se le llama a las “imitaciones” de algo o alguien y su nombre deriva de la genética. Es decir, en el lenguaje coloquial estos sirven para hacer una burla o sátira del asunto y muchos humoristas, sobre todo, caricaturistas los emplean para reírse de lo que sucede en el entorno político-social.
Recientemente la Cámara Alta del Congreso de la Unión ha aprobado una reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el que señala: “Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible.
Sin embargo, aún falta esperar la opinión de la Cámara de Diputados, pues la polémica desatada ha sido considerable, ya que, mientras partidos de oposición como son el PAN, el PRI y MC se han pronunciado en contra de esta llamada “ley antimemes”, los oficialistas la defienden alegando que sólo se aplicará a aquellos que realmente pretendan substituir una identidad oficial con la finalidad de engañar o inducir al error, es decir, ya aquí se incluye como elemento del delito estos dos elementos.
Lo cierto es que, para que una norma se legitime y se convierta en una disposición realmente útil para el grupo social, la misma tendrá que ser debatida por los diversos expertos e integrantes de la sociedad civil involucrada. Es decir, tendrá que enfrentarse al parlamento abierto y a aquellos que se ven involucrados directamente, pues definitivamente los caricaturistas o los que hacen sátira de ciertas dependencias, en muchas ocasiones “reproducen” la imagen gráfica de estos e inclusive la modifican con el único objetivo de burlarse de ellos.
Situación que la oposición considera que ya no podrá ejercerse libremente, pues vivirán bajo la amenaza constante de que pueden ser sancionados con alguna de las penas establecidas para este delito y, con ello, se violentará claramente su libertad de expresión y hasta el ejercicio libre de su profesión. Los senadores del partido oficialista defienden la reforma, pues consideran que no hay manera de que se censure a los autores de los llamados memes, por el contrario, esta figura delictiva servirá para proteger a todos aquellos que abusen de las imágenes oficiales y lo hagan para engañar o inducir a la equivocación.
Esta situación se ha vuelto polémica, pero si los Diputados que apoyan esta reforma comienzan a realizar foros, temas de discusión, parlamento abierto tomando en consideración a los diversos grupos sociales, en especial a los universitarios y jóvenes interesados en el tema será muy probable que se localice un medio para reformar el artículo en cuestión y sin trasgredir ningún derecho fundamental de nadie, sobre todo, el de la Libertad de Expresión, esa a la que todos alegamos tener derecho, pero cuando se trata de defenderla, son pocos los que realmente alzan la voz para pedir se respete.
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