Por: Gemma GRACIAN
Mis queridas y queridos lectores hay preguntas que una democracia no puede darse el lujo de dejar sin respuesta: ¿quién aparece en nuestros padrones? ¿Quién recibe los recursos públicos? ¿Y qué ocurre cuando una persona que ya falleció continúa apareciendo como afiliada, beneficiaria o registrada dentro de alguna estructura política?
El tema volvió a cobrar relevancia después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará en 2026 una revisión de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales. En el caso de Morena, el INE reportó 11 millones 629 mil 541 afiliaciones válidas, después de un proceso de verificación que eliminó registros que presentaban inconsistencias. Entre las irregularidades detectadas se encontraban registros correspondientes a personas fallecidas, duplicidades y ciudadanos que no contaban con una credencial vigente. (Instituto Nacional Electoral)
La cifra obliga a hacer una distinción fundamental.
Una persona fallecida que aparece en un padrón partidista no significa automáticamente que haya votado después de morir. El padrón de militantes de un partido y la Lista Nominal de Electores son instrumentos diferentes.
El propio INE administra el Padrón Electoral y la Lista Nominal. La Lista Nominal contiene a quienes cuentan con una credencial para votar vigente y están en condiciones de ejercer su derecho al sufragio. Además, el INE cuenta con procedimientos para dar de baja a las personas fallecidas. Entre junio de 2025 y abril de 2026, por ejemplo, fueron excluidos 17 mil 464 registros de personas fallecidas del Padrón Electoral. (Sidof)
Entonces, ¿dónde está el problema?
El problema comienza cuando un nombre que debería haber desaparecido de un registro oficial permanece activo en alguna estructura política, administrativa o financiera.
Porque un nombre en un padrón no es solamente una estadística. Puede convertirse en una cifra que se utiliza para demostrar crecimiento, fuerza territorial, capacidad de movilización o respaldo político.
Y cuando hablamos de programas sociales, la preocupación es todavía mayor.
El dinero público debe seguir a personas reales
Los programas sociales utilizan recursos públicos. Por ello, los padrones de beneficiarios deben contar con mecanismos suficientes para garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos.
La propia Secretaría de Bienestar reconoce que la Contraloría Social debe vigilar, entre otras cosas, que los beneficiarios cumplan los requisitos, que exista documentación que compruebe la entrega de los apoyos y que los programas no sean utilizados con fines políticos o electorales. (Gobierno de México)
En 2023, incluso una diputada de Morena, Inés Parra, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un posible quebranto de más de 6 mil millones de pesos relacionado con irregularidades detectadas en programas de la Secretaría de Bienestar. La denuncia señalaba, entre otras cuestiones, pagos y cobros indebidos, deficiencias en los registros de beneficiarios y posibles desvíos de recursos. Es importante precisar que se trató de una denuncia y señalamientos que debían ser investigados, no de una sentencia que acreditara que Morena hubiera cometido esos delitos. (Comunicación Social)
Más recientemente, una investigación publicada en 2026 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó, a partir de documentos oficiales, 252 mil pagos de supuestos apoyos sociales mediante Financiera para el Bienestar, vinculados a una estructura de Morena. La investigación sostiene que hubo irregularidades en la operación, incluyendo problemas en controles y reportes ante la autoridad electoral. Nuevamente, se trata de hechos e interpretaciones que deben distinguirse de una sentencia judicial definitiva. (Mexicanos Contra la Corrupción)
¿Y qué pasa con los votos de los muertos?
Aquí debemos ser especialmente cuidadosos.
Que existan personas fallecidas en un padrón partidista no demuestra por sí mismo que esas personas hayan emitido un voto.
Para acreditar que una persona fallecida fue utilizada electoralmente tendría que demostrarse algo mucho más concreto: que permaneció indebidamente en la Lista Nominal, que alguien utilizó su identidad, que existe evidencia de que se registró o computó un voto a su nombre y, eventualmente, quién realizó la conducta.
La diferencia parece técnica, pero es fundamental.
Porque si queremos defender la democracia, no necesitamos exagerar los hechos. Necesitamos investigar los hechos.
La pregunta incómoda
La verdadera pregunta no debería ser solamente cuántos muertos aparecen en un padrón.
La pregunta debería ser:
¿Cuántos registros irregulares existen, desde cuándo existen, quién los incorporó, qué recursos estuvieron vinculados a ellos y qué controles fallaron para detectarlos?
Si un registro corresponde a una persona fallecida, debe existir una explicación administrativa.
Si ese registro estuvo asociado a un programa social, debe comprobarse que nunca se haya entregado dinero después del fallecimiento.
Si estuvo asociado a una estructura partidista, debe aclararse cómo llegó ahí.
Y si alguien utilizó la identidad de una persona fallecida para participar en un proceso electoral, entonces debe investigarse como un asunto electoral y, en su caso, penal.
La democracia también se audita
El INE ha demostrado que los padrones pueden y deben depurarse. El hecho de que en 2026 Morena aparezca con más de 11.6 millones de afiliaciones válidas después de la revisión demuestra precisamente la importancia de verificar las cifras que los partidos presentan. (Instituto Nacional Electoral)
Pero la revisión no debería terminar ahí.
México necesita padrones confiables, programas sociales auditables y elecciones en las que cada voto corresponda a una persona real.
No se trata de defender a un partido o atacar a otro.
Se trata de algo mucho más elemental:
Que los vivos decidan el futuro de México y que ningún muerto aparezca convertido en cifra, beneficiario, militante o voto sin una explicación verificable.
Porque cuando hablamos de dinero público y democracia, cada nombre debe corresponder a una persona real y cada peso debe poder seguirse hasta su destino.
La transparencia no debería tener partido.
La fiscalización tampoco.
Y la democracia, mucho menos.