Mis queridas y queridos lectores desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, el discurso oficial ha insistido en una narrativa de justicia social, combate a la corrupción y prioridad a los más pobres. Sin embargo, en ese mismo relato se ha ido construyendo una figura antagonista constante: el empresario. No el corrupto ni el evasor —que ciertamente existen y deben ser sancionados—, sino el empresario común, el que genera empleo, invierte, arriesga y sostiene economías locales enteras.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la política pública ha mostrado una clara preferencia por el fortalecimiento del Estado como actor económico central, relegando al sector productivo privado a un papel secundario, cuando no sospechoso. El resultado ha sido un distanciamiento peligroso entre gobierno y empresarios, particularmente pequeños y medianos, que no forman parte de los grandes consorcios ni de los proyectos “emblemáticos” del régimen.
La estigmatización como política
Desde las conferencias matutinas hasta los mensajes institucionales, se ha normalizado un discurso que equipara al empresario con el abuso, la explotación o el privilegio indebido. Esta generalización ignora una realidad fundamental: en México, más del 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas familiares, que sobreviven con márgenes mínimos y sostienen a millones de trabajadores.
En lugar de incentivos, estas empresas han enfrentado recortes de apoyos, desaparición de programas de financiamiento, mayor carga fiscal indirecta y una creciente incertidumbre jurídica. La narrativa de “primero los pobres” ha omitido que sin empresas no hay empleos, y sin empleos no hay bienestar sostenible.
La exclusión de los que no son aliados
Otro rasgo preocupante ha sido la selección política de interlocutores. Empresarios que no comulgan con la línea oficial, que cuestionan decisiones energéticas, fiscales o regulatorias, han sido sistemáticamente excluidos del diálogo. El mensaje es claro: colaborar implica alinearse, y disentir implica quedar fuera.
Esto ha generado un clima de autocensura empresarial, donde muchos prefieren callar ante decisiones que afectan su viabilidad por temor a represalias administrativas, fiscales o mediáticas. En una democracia sana, el sector productivo debería ser un contrapeso, no un enemigo a domesticar.
Consecuencias reales, no ideológicas
La falta de apoyo estructural al empresariado se ha traducido en cierre de negocios, informalidad creciente y pérdida de competitividad frente a otros países que sí apuestan por alianzas público-privadas. Mientras el discurso polariza, la economía real se estanca.
Los empresarios olvidados por la 4T no son magnates ni evasores; son restauranteros, comerciantes, industriales locales, emprendedores y profesionistas que sostienen comunidades enteras. Son quienes pagan impuestos, generan empleo formal y mantienen vivas las economías regionales sin reflectores ni favores políticos.
Un país no se construye contra quien produce
México no necesita elegir entre justicia social y desarrollo económico. Necesita entender que ambos se complementan. Demonizar al empresario no empodera al pueblo; lo empobrece. Un gobierno que aspira a transformar al país no puede hacerlo ignorando o castigando a quienes producen riqueza de manera legítima.
Los empresarios olvidados no piden privilegios, piden reglas claras, respeto institucional y la posibilidad de crecer sin ser vistos como enemigos. La verdadera transformación no será posible mientras se siga gobernando desde la división y no desde la colaboración.