* Incumple con los más altos estándares de coacción a la libertad de expresión
Por Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- El congreso de la unión se enfila de nueva cuenta a incurrir en un desacato en contra de una resolución de primerísimo orden emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, nos referimos a la Resolución en Materia de Publicidad Oficial, como saben la clase política históricamente desde el Priato hasta esta endeble transición a la democracia se ha negado a regular adecuadamente el gasto de Comunicación Social. Este gasto ha partido siempre de la premisa de que a los gobernantes hay que tratarlos bien por parte de los medios de comunicación para que se vuelvan acreedores a un recurso que es de todas y todos los mexicanos, el no pago para que me peguen es la premisa, es la directriz que rige la manera en cómo se ejerce este recurso y por supuesto es una tremenda condicionante a las líneas editoriales de los medios de comunicación, condicionando por supuesto el derecho a la información, la independencia editorial y la pluralidad informativa, hace un año como ya les había comentado la SCJN le exigió y obligo al congreso a regular adecuadamente el gasto de comunicación social, a modificar la llamada Ley chayote aprobada en el 2018 también por obligación de una sentencia previa de la Suprema corte.
Lo ha hecho todo mal la clase política, lo han hecho mal todas las fuerzas políticas, nadie quiere quitarse de las manos esa posibilidad y ese poder de controlar los medios de comunicación, pues estamos a tan solo ya dos semanas de que fenezca este plazo y no se ve que ningún grupo parlamentario ni del oficialismo, ni de la oposición se mueva para cumplir con lo dicho por la SCJN.
Esto es grave porque es una falta y es una violación al estado de derecho pero es aún más grave que se está socavando de manera sistemática el derecho a la información de la sociedad pretendiendo controlar a través de nuestros recursos públicos la narrativa de los medios de comunicación, ”hablas bien de mí, te doy dinero que es de todas y todos los mexicanos, hablas mal de mí no te doy un centavo”, lo que debemos hacer es acabar con esto y avancemos hacia una verdadera democracia donde prevalezca el pluralismo y la diversidad de ideas.
Históricamente la publicidad oficial ha servido como instrumento de premios y castigos, de ahí la frase del sexenio del presidente José López Portillo de “no pago para que me peguen” que reflejó ese esquema. Tras un amparo otorgado por la SCJN a la organización del Artículo 19 constitucional, en el ocaso del sexenio del presidente Peña Nieto, donde el congreso de la unión con el dominio Priista, expidió la Ley General de Comunicación que es un ejemplo perfecto de lo que nunca debería pasar cuando se quiere construir una democracia. Mediante esta reforma aprobada por la Cámara de Diputados es previsible que persistirán malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial, también se prevé que no se revierta el uso condicionado del gasto de comunicación social como forma de manipulación sobre las líneas editoriales de periodistas y medios de comunicación. La celeridad con la cual se pretende aprobar esta reforma aun sabiendo que contiene graves omisiones es preocupante, nos refleja la falta de voluntad por regular de manera robusta, exhaustiva y seria, adicionalmente este proceso ha relegado por completo a las voces de la academia, de los periodistas, de los medios de comunicación independientes y a la propia sociedad civil que han venido empujando desde hace años los cambios necesarios respecto a esta materia.
Ahora el Senado de la República tiene la posibilidad de revertir esta reforma y cumplir cabalmente con lo enunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos que el 7 de diciembre pasado fue aprobada por la mayoría de votos en la cámara de diputados la Reforma a la Ley General de Comunicación Social cómo parte del paquete de reformas electorales.