PRIMERA PARTE
La muerte de un ser querido representa uno de los momentos más difíciles para cualquier familia. Sin embargo, cuando al dolor de una pérdida se suma la lentitud institucional, la indiferencia y la falta de sensibilidad de las autoridades, el sufrimiento se convierte en una doble tragedia.
El caso de Gerardo Tomé Cuautli, trabajador de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, evidencia una problemática que desde hace años padecen cientos de familias poblanas: las deficiencias del sistema forense del Estado de Puebla.
Gerardo perdió la vida tras ser atropellado el pasado 22 de julio mientras realizaba labores sobre la calle Tepatlaxco, en el barrio de La Purísima, en San Francisco Acatepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. De acuerdo con testimonios de sus familiares y personas cercanas, el accidente ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas. Sin embargo, su cuerpo permaneció durante varias horas sobre la vía pública, cubierto únicamente con una sábana y expuesto a las altas temperaturas, hasta que finalmente fue levantado cerca de las 21:00 horas.
La tragedia no terminó ahí.
Después del levantamiento del cuerpo comenzó un nuevo calvario para sus familiares. Más de 48 horas después del accidente, continuaban esperando la entrega del cuerpo para poder despedirse de su ser querido y darle sepultura conforme a sus creencias y tradiciones.
Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI una familia tenga que esperar días para recuperar el cuerpo de un familiar fallecido cuando las circunstancias del hecho son plenamente conocidas.
Cada hora de retraso representa angustia, incertidumbre y un profundo desgaste emocional.
Más allá de las investigaciones ministeriales necesarias, el Estado tiene la obligación constitucional y moral de actuar con eficiencia, respeto y humanidad hacia las víctimas y sus familias.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la crisis que enfrenta el Servicio Médico Forense en Puebla. La falta de personal especializado, la saturación de trabajo, los procesos administrativos excesivamente lentos y la escasa inversión en infraestructura han provocado que la procuración de justicia también termine revictimizando a quienes ya enfrentan una pérdida irreparable.
Mientras tanto, el discurso oficial parece caminar por una ruta distinta.
El Gobierno del Estado ha concentrado buena parte de su agenda pública en proyectos de infraestructura como el Cablebús, obras de movilidad y anuncios de desarrollo urbano. Si bien estos proyectos pueden formar parte de una estrategia gubernamental, resulta inevitable preguntarse si hoy representan la prioridad más urgente para Puebla.
Miles de poblanos enfrentan diariamente problemas mucho más inmediatos: hospitales saturados, servicios periciales insuficientes, inseguridad, ministerios públicos rebasados y sistemas forenses que no responden con la rapidez que exige la dignidad humana.
No puede hablarse de modernidad cuando el Estado es incapaz de entregar oportunamente el cuerpo de una persona fallecida a sus familiares.
La verdadera transformación comienza garantizando instituciones eficientes y sensibles, no únicamente construyendo obras visibles.
El caso de Gerardo Tomé Cuautli también abre otra interrogante que merece ser investigada: las condiciones laborales bajo las cuales desempeñaba sus funciones.
De acuerdo con sus familiares, el trabajador realizaba labores sobre una vialidad sin contar con las medidas suficientes para proteger su integridad. Si ello se confirma mediante las investigaciones correspondientes, no sólo existiría una tragedia derivada del accidente, sino también posibles omisiones en materia de seguridad laboral que deberán ser esclarecidas.
La prevención de riesgos no puede convertirse en un simple protocolo administrativo. Proteger la vida de los trabajadores debe ser una obligación permanente de cualquier autoridad.
Responsabilidades que no pueden seguir ignorándose
Más allá de las deficiencias del sistema forense estatal, la muerte de Gerardo Tomé Cuautli obliga también a revisar las condiciones laborales en las que desempeñan sus funciones los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Andrés Cholula.
Si, como señalan familiares y testigos, el trabajador realizaba labores sobre una vialidad sin contar con las medidas suficientes para proteger su integridad, corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron omisiones en el cumplimiento de los protocolos de seguridad, supervisión y prevención de riesgos laborales.
Desde una perspectiva de responsabilidad pública, resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que operan las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales y sobre las decisiones administrativas que pudieron influir en este lamentable hecho.
Asimismo, es pertinente que el Ayuntamiento evalúe la permanencia en el cargo del actual titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mientras se desarrollan las investigaciones, a fin de garantizar transparencia, objetividad y confianza en el proceso. Del mismo modo, debe analizarse el desempeño de quienes encabezaron anteriormente dicha dependencia para determinar si existieron deficiencias estructurales, omisiones administrativas o falta de políticas efectivas de prevención que hayan comprometido la seguridad del personal.
No se trata de buscar culpables anticipadamente, sino de establecer responsabilidades institucionales cuando las investigaciones así lo acrediten. La función pública exige rendición de cuentas, especialmente cuando está en juego la vida de los trabajadores.
Durante años, las administraciones municipales han debido comprender que el mayor patrimonio de cualquier gobierno no son sus edificios, sus vehículos o su maquinaria: es su capital humano. Quienes diariamente realizan labores de jardinería, limpieza, mantenimiento urbano, poda, alumbrado público y atención de espacios públicos enfrentan riesgos permanentes que requieren capacitación constante, equipo especializado y protocolos estrictos de seguridad.
Resulta indispensable fortalecer los programas de formación del personal operativo en materias como seguridad ocupacional, control del tránsito durante trabajos en avenidas y calles, manejo de maquinaria, señalización preventiva, uso correcto del equipo de protección personal y actuación en zonas de alta peligrosidad. Estas capacitaciones no deben entenderse como un trámite administrativo, sino como una herramienta para preservar vidas.
La prevención salva vidas. Cuando la capacitación es insuficiente, el equipo de protección es deficiente o la supervisión falla, las consecuencias pueden ser irreparables.
La muerte de Gerardo Tomé Cuautli debe convertirse en un punto de inflexión para revisar y fortalecer las políticas de seguridad laboral dentro del Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Ningún trabajador que sale a cumplir con su deber debería hacerlo sin la certeza de que la institución ha puesto a su alcance todas las medidas necesarias para proteger su vida.
La mejor forma de honrar su memoria no es únicamente esclarecer lo ocurrido, sino impulsar cambios que eviten que otra familia tenga que enfrentar una tragedia similar.
CONTINUARA…