SEGUNDA PARTE
El papel del sindicato también debe ser revisado
La revisión de este lamentable caso no debe limitarse únicamente a las autoridades municipales o a las instancias estatales. También resulta pertinente analizar el desempeño de la organización sindical que representa a los trabajadores, pues su función no se reduce a la defensa de derechos laborales, sino que también comprende la promoción de condiciones de trabajo seguras y dignas.
En ese sentido, corresponde determinar si el sindicato contaba con mecanismos efectivos para supervisar las condiciones en las que laboraba el personal operativo y si existía una comisión o instancia especializada encargada de velar por la seguridad e higiene de quienes realizan actividades de alto riesgo.
Los trabajadores de Servicios Públicos Municipales desempeñan diariamente labores que implican riesgos importantes: mantenimiento de áreas verdes, jardinería, poda de árboles, limpieza de vialidades, retiro de residuos, mantenimiento urbano y trabajos sobre avenidas y calles con flujo constante de vehículos. Estas actividades exigen protocolos estrictos de prevención, equipo de protección personal, señalización adecuada, supervisión permanente y capacitación continua.
Si la organización sindical carecía de una comisión especializada en seguridad e higiene o si los mecanismos de prevención resultaban insuficientes, corresponde a las autoridades competentes y a la propia representación sindical revisar estas condiciones e implementar las medidas necesarias para fortalecer la protección del personal.
La seguridad laboral es una responsabilidad compartida. El Ayuntamiento tiene la obligación de proporcionar condiciones adecuadas de trabajo, capacitación, supervisión y equipo de protección; las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento de la normatividad; y la representación sindical debe ejercer una defensa activa de los derechos de los trabajadores, promoviendo condiciones laborales seguras y participando en la prevención de riesgos.
La muerte de un trabajador no debe convertirse únicamente en una estadística ni en un expediente administrativo. Debe ser el punto de partida para revisar a fondo las políticas de seguridad laboral, fortalecer las comisiones de seguridad e higiene, mejorar la capacitación del personal operativo y garantizar que quienes diariamente arriesgan su integridad para mantener en funcionamiento los servicios públicos cuenten con la protección que la ley y la dignidad humana les reconocen.
Solo mediante una revisión integral de las responsabilidades institucionales será posible prevenir que una tragedia de esta naturaleza vuelva a repetirse.
Falta de planeación administrativa, organización y metodologías en sistema municipal
La seguridad de los trabajadores exige coordinación institucional, a protección de quienes realizan labores operativas en la vía pública no puede recaer exclusivamente en el trabajador o en su jefe inmediato. Se trata de una responsabilidad institucional que requiere planeación, coordinación y prevención. Las jornadas de limpieza, poda de árboles, mantenimiento de áreas verdes, retiro de residuos, balizamiento, reparación de infraestructura urbana y demás trabajos que desarrolla el Ayuntamiento de San Andrés Cholula en calles y avenidas deben ejecutarse bajo protocolos integrales de seguridad que involucren a diversas dependencias municipales.
Hoy son responsables indirectos por saber de estos problemas y carencias institucionales ex secretarios como Joaquin Azcona, Francisco Osorio, jefes de área y directores. Resulta indispensable revisar si existieron mecanismos adecuados de coordinación entre la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Dirección de Tránsito Municipal y la Dirección de Protección Civil para garantizar la seguridad del personal durante este tipo de actividades.
En labores que se realizan sobre vialidades con circulación vehicular, la presencia de elementos de Tránsito para implementar cierres parciales, reducción de velocidad, desvíos temporales y señalización preventiva no debe considerarse un apoyo extraordinario, sino una medida básica de prevención.
De igual manera, la participación de Protección Civil es fundamental para evaluar riesgos, supervisar las condiciones de seguridad y verificar que se cumplan los protocolos establecidos antes, durante y después de cada intervención. La coordinación interinstitucional puede marcar la diferencia entre una jornada laboral segura y una tragedia.
La ausencia de una planeación conjunta incrementa los riesgos para los trabajadores y también para peatones y automovilistas. Este lamentable hecho debe motivar la revisión de los protocolos operativos del Ayuntamiento, con el propósito de establecer procedimientos obligatorios para los trabajos de alto riesgo en la vía pública. Ello implica definir responsabilidades claras, fortalecer la comunicación entre dependencias, garantizar la presencia de personal de apoyo cuando las condiciones lo requieran y dotar a las cuadrillas del equipo de protección y la señalización adecuada. La prevención no puede depender de decisiones improvisadas. Debe ser el resultado de una política pública permanente en la que Servicios Públicos, Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil actúen de manera coordinada para salvaguardar la integridad de quienes diariamente trabajan al servicio de la ciudadanía.
Cuando la coordinación institucional falla, el riesgo aumenta. Por ello, además del esclarecimiento de este caso, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de prevención y colaboración entre todas las áreas involucradas, colocando siempre la vida y la seguridad de las personas como la prioridad de cualquier administración pública.
«La seguridad laboral no depende únicamente de una dependencia, sino de la coordinación efectiva entre las áreas responsables de la operación, la seguridad vial y la protección civil».
El silencio institucional también exige respuestas
En momentos de tragedia, la ciudadanía espera que las instituciones no sólo actúen, sino que también den la cara.
Hasta ahora, no se conoce un posicionamiento público de los integrantes del Cabildo, del síndico municipal o de la Secretaría del Ayuntamiento respecto del fallecimiento de Gerardo Tomé Cuautli, de las condiciones en que ocurrió el accidente o de las acciones que emprenderá el gobierno municipal para esclarecer los hechos y fortalecer la seguridad de sus trabajadores.
El Cabildo no puede permanecer ajeno cuando está en juego la integridad del personal que diariamente presta servicios a la población. Las y los regidores, como representantes populares y responsables de vigilar el funcionamiento de la administración municipal, tienen la obligación de solicitar información, promover investigaciones, revisar los protocolos de seguridad y, en su caso, impulsar las medidas correctivas necesarias.
De igual forma, el síndico municipal, como responsable de la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento y de la vigilancia de la legalidad de los actos de la administración, debe verificar que se esclarezcan los hechos y que se determinen, conforme a derecho, las responsabilidades administrativas, laborales o de cualquier otra naturaleza que pudieran derivarse de este lamentable acontecimiento.
Por su parte, la Secretaría del Ayuntamiento tiene un papel fundamental en la coordinación institucional y en el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, adopte el Cabildo para atender un hecho de esta magnitud.
Más allá de las responsabilidades individuales que, en su momento, determinen las autoridades competentes, este caso demanda una respuesta institucional clara. El silencio no sustituye la rendición de cuentas. La ciudadanía y los propios trabajadores municipales tienen derecho a conocer qué medidas se adoptarán para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Hoy no basta con expresar condolencias. Es momento de asumir responsabilidades, revisar protocolos, fortalecer la prevención de riesgos y demostrar, con acciones concretas, que la vida y la seguridad de los trabajadores constituyen una prioridad para el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, la presidenta Lupita Cuautle no esta sola, cuenta con el respaldo de la población y personal que no cumpla debe cesarse de su cargo y recaer en responsabilidad si realmente queremos cambiar el rumbo.
Hoy la familia de Gerardo únicamente pide lo más elemental: poder despedirse de él.
No solicita privilegios ni trato especial.
Exige humanidad.
Exige eficiencia.
Exige respeto.
Y esas son precisamente las obligaciones que cualquier gobierno debe garantizar.
y que ningún aspirante o actor político busque sacar raja del dolor del pueblo sanandreseño y de los amigos.
Más allá del parentesco que pudiera existir entre la víctima y la presidenta municipal de San Andrés Cholula, este caso representa el drama que viven muchas familias poblanas cuando se enfrentan a un sistema burocrático que parece olvidar que detrás de cada expediente existe una historia de vida y una familia destrozada, que no busquen confrontar, en San Andrés Cholula todos somos familia y todos por historicidad prehispánica, la región siempre ha sido familia.
Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de explicar públicamente las razones de esta demora y, sobre todo, de emprender una revisión profunda del funcionamiento del Servicio Médico Forense y de los procesos ministeriales que retrasan la entrega de cuerpos.
Porque la justicia también se mide por la capacidad del Estado para tratar con dignidad a quienes ya no pueden defenderse y a quienes permanecen esperando una respuesta.
La infraestructura puede esperar.
La dignidad de las familias, no.