En los anales de la política mexicana contemporánea, pocas figuras han caminado sobre el alambre con el nivel de descaro —o suicida valentía, según se le quiera ver— que demostró Rubén Rocha Moya. La caída del ahora exgobernador de Sinaloa no es solo la crónica de un cacicazgo regional asfixiado por sus propios pactos; es la radiografía perfecta de una fractura monumental en lo más alto del poder en México.
El caso Rocha Moya desnudó una verdad incómoda: el monolitismo de la autodenominada Cuarta Transformación tiene grietas profundas. Cuando las esquirlas del «Culiacanazo», los vuelos en jets privados a Los Ángeles y las reuniones fantasma con capos de la talla de Ismael «El Mayo» Zambada comenzaron a rebotar en Palacio Nacional, la maquinaria del Estado no supo cómo reaccionar. Hubo quienes intentaron tenderle un cerco sanitario al gobernador y quienes, desde el centro del país, operaron para sostenerlo a toda costa. El resultado fue un choque de trenes en las entrañas del oficialismo. La política interior se volvió un juego de espejos donde nadie confiaba en nadie, revelando que en los más altos niveles, la lealtad es un bien de consumo rápido.
Lo que más desconcierta de los últimos meses de Rocha en el poder fue su absoluta falta de miedo a las represalias de su propio partido. Sabiéndose poseedor de secretos que podrían desestabilizar estructuras enteras, operó bajo una premisa temeraria: si caigo yo, no caigo solo. Su resistencia a dar un paso al costado cuando la crisis política exigía su cabeza fue un abierto desafío a la dirigencia de Morena. Rocha Moya no actuó como un subordinado leal al movimiento, sino como un barón electoral que consideraba que la marca le debía a él, y no a la inversa.
Pero el elemento más escalofriante de esta saga no fue su pulso con el partido, sino su inaudita displicencia frente a la justicia de Estados Unidos. En un país donde el simple rumor de una carpeta de investigación en el Departamento de Justicia de EUA o la DEA suele provocar el exilio inmediato o la sumisión total de los políticos implicados, Rocha Moya optó por la negación frontal.
Sostener coartadas frágiles y desestimar las narrativas que emanaban directamente de las agencias de inteligencia estadounidenses requiere de una osadía que roza la locura. No le importó que los radares, las bitácoras de vuelo y los testimonios jurados al otro lado de la frontera apuntaran directamente hacia su administración. Actuó con la certeza de quien cree que la soberanía nacional es un escudo impenetrable contra las agencias federales de un país que no olvida ni perdona afrentas de este calibre.
Hoy, con Rocha Moya fuera del palacio de gobierno en Culiacán, la pregunta que queda flotando no es si fue valiente o simplemente un jugador que calculó mal sus fichas. La verdadera tragedia es lo que su paso por el poder confirma: en México, la frontera entre el Estado y los poderes fácticos se ha difuminado tanto que un mandatario puede darse el lujo de retar a su presidente, a su partido y a la potencia hegemónica mundial al mismo tiempo, apostando a que, al final del día, el manto de la impunidad lo cubrirá todo.