Por Aldo COSTILLA ROJAS
CHOLULA.- Contrario a los principios del presidente López Obrador de no crear más impuestos ni aumentar los existentes, el gobierno de Puebla se lanza, si no es de una, de otra forma por más impuestos. La novedad es el regreso de la verificación que rondará los 620 pesos para el transporte particular, las multas que se generen para quienes incumplan por descuido o por falta de información. Llegada la fecha, ya es tradición sumar a la cuesta de enero el pago del control vehicular para quienes van al corriente, para quienes no pues pagar multas, retardos, la tenencia y el control vehicular para ponerse el corriente. Ni hablar de las foto multas que afectan a quienes conducen como rápido y furioso.
Por comprar ociosamente el Estado de México la verificación regular es de 384 pesos, en la Ciudad de México es de 628 pesos y en 352 pesos en Hidalgo, siendo Puebla una de las entidades donde el costo es más elevado.
Ante estos cobros que ponen entredicho que el gobierno de Puebla actúe como parte de la 4T, los ciudadanos no ven beneficios ni mejorías en las vialidades, en el cuidado del medio ambiente ni en la seguridad vial.
Uno de los reclamos más frecuentes es la gran cantidad de camiones de carga y del trasporte público que contaminan, dejando enormes estelas de humo negro tras cada acelerón. Aunque no son trasporte, también se observan chimeneas contaminantes a las que pareciera ninguna autoridad puede detener. En cuanto a la seguridad vial, pues nada más con decir que cada vez hay más monta choques en el periférico y otras vías principales; las vialidades más y más deterioradas, ni a nivel municipal ni estatal encontramos mejoras en las calles y bulevares. Ni hablar de las juntas auxiliares, pueblos o colonias.
Tal vez el problema más complejo es el trasporte público. Porque no se trata de negarse a todo, a final de cuentas muchos servicios proporcionados por el estado son gracias al pago de impuestos, lo complicado del asunto es que no se ven beneficios por pagar impuestos. Si el dinero que recauda el estado por uso y verificación de automóviles sirviera, además de la atención a las vialidades, para subsidiar el trasporte público, entonces de buena gana (aun con un gran esfuerzo y sacrificio) se podría pagar la larga lista de impuestos. Hasta 2019, el parque vehicular del estado era de un millón 300 mil pesos, si de todos los pagos se destinaran 100 pesos por cada carro, estamos hablando de 130 millones de pesos que podrían destinarse a subsidiar al transporte público y ya sea comprar nuevas y más ecológicas unidades, evitar el aumento al pasaje, incluso, subsidiar el salario de los conductores para dotarlos de condiciones laborales más dignas para una mejor atención o lo más demandado: seguridad en el trasporte. A
Lamentablemente, estimado lector, soy muy ingenuo y se me olvida que el cobro de tenencia, verificación y demás, multas recargos, etc. Son eminentemente recaudatorios y no se tiene el mínimo interés de mejorar el sistema de trasporte público ni privado en Puebla.
FE DE ERRATAS: En mi artículo de la semana pasada el titulo dice “Quién vigila la ley ¨electoral¨” y debería decir “Quién vigila la ley laboral”.