PRIMERA PARTE
En México existe una contradicción que pocas veces discutimos con suficiente profundidad.
Mientras millones de trabajadores reciben su salario con los impuestos descontados, existen actividades económicas que permanecen fuera de la formalidad y esquemas empresariales que pueden utilizarse para ocultar ingresos, simular operaciones o incumplir obligaciones fiscales.
Unos pagan antes de recibir su dinero.
Otros incumplen sus obligaciones y obligan a las autoridades a investigar, fiscalizar y, en su caso, cobrar lo que corresponde.
Pero el problema va más allá de los impuestos.
La evasión fiscal también representa una forma de desigualdad económica.
Porque cuando alguien evade deliberadamente sus obligaciones, obtiene una ventaja indebida frente a quienes sí cumplen.
Y cuando el Estado deja de recibir recursos legalmente exigibles, disminuye su capacidad para financiar servicios públicos.
México recauda billones, pero todavía tiene un enorme desafío
Los datos del Servicio de Administración Tributaria muestran que durante el primer semestre de 2026 México recaudó 2 billones 963 mil 481 millones de pesos por ingresos tributarios.
La cifra representó un incremento nominal de 125 mil 106 millones de pesos respecto del mismo periodo de 2025, aunque el crecimiento real fue de apenas 0.4%.
En esos seis meses, el ISR aportó aproximadamente 1.57 billones de pesos, mientras que el IVA generó 880 mil 55 millones.
Son cifras importantes.
Y reflejan la enorme cantidad de recursos que los contribuyentes aportan al funcionamiento del Estado.
Pero recaudar más no significa necesariamente que se esté cobrando todo lo que legalmente corresponde.
Tampoco demuestra, por sí solo, que la evasión fiscal haya disminuido.
Para determinarlo se necesitan estimaciones específicas de incumplimiento tributario, no solamente informes de recaudación.
México recauda menos que el promedio latinoamericano
Existe otro dato que merece atención.
La OCDE, en su informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, señala que durante 2024 los ingresos tributarios de México representaron 18.3% del producto interno bruto.
El promedio de América Latina y el Caribe fue de 21.7%.
Mientras tanto, el promedio de los países de la OCDE alcanzó 34.1%.
La diferencia es considerable.
México se ubicó 3.4 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano y 15.8 puntos por debajo del promedio de la OCDE.
Esto no significa que toda esa diferencia sea dinero evadido.
Las tasas impositivas, la estructura económica, las contribuciones a la seguridad social y las políticas tributarias son distintas entre países.
Pero sí evidencia que México enfrenta un desafío de capacidad recaudatoria.
Y abre una pregunta legítima:
¿Cómo pretendemos financiar servicios públicos de mayor calidad si todavía tenemos dificultades para ampliar nuestra base de contribuyentes y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales?
Más auditorías no necesariamente significan mejores resultados
La fiscalización es otro punto que merece una revisión crítica.
Según cifras de Hacienda analizadas por Expansión, durante el primer semestre de 2026 el SAT obtuvo 580 mil 782 millones de pesos mediante 28 mil 830 actos de fiscalización.
La autoridad realizó 5 mil 598 actos más que en el mismo periodo de 2025.
Sin embargo, la recaudación asociada disminuyó 1.05%.
El promedio recuperado por acto fue de aproximadamente 20.1 millones de pesos, cifra 49.3% inferior al máximo registrado en el primer semestre de 2024.
El dato admite distintas interpretaciones.
Puede reflejar que algunas de las mayores regularizaciones ya fueron realizadas o que cambió el perfil de los contribuyentes fiscalizados.
No permite afirmar automáticamente que el SAT sea menos eficaz ni que haya aumentado la evasión.
Pero sí justifica exigir información adicional.
¿Cuánto dinero corresponde a adeudos efectivamente recuperados?
¿Cuánto proviene de autocorrecciones?
¿Qué proporción de los créditos fiscales se cobra?
¿Cuántos casos de simulación de operaciones terminan con sanciones firmes?
Porque la eficacia fiscal no debería medirse solamente por cuántas auditorías se realizan, sino por la legalidad, precisión y resultados de esas acciones.
Puebla: siete de cada diez trabajadores están en la informalidad
Si llevamos la discusión a Puebla, encontramos una situación que merece especial atención.
Durante el segundo trimestre de 2026, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI registró aproximadamente 3.1 millones de personas ocupadas en el estado.
De ellas, 70.3% trabajaba en condiciones de informalidad laboral.
Es decir, alrededor de 2.19 millones de personas.
A nivel nacional, la informalidad fue de 55.1%.
Puebla superó ese promedio por 15.2 puntos porcentuales.
La cifra es contundente.
Sin embargo, debemos evitar una interpretación equivocada: trabajar en condiciones de informalidad no significa automáticamente evadir impuestos.
La informalidad laboral incluye distintas situaciones, entre ellas empleos sin protección social y relaciones laborales que no cumplen determinados requisitos de formalización.
No todas esas personas tienen las mismas obligaciones tributarias ni son responsables de su situación laboral.
Pero una economía con semejante nivel de informalidad enfrenta dificultades evidentes para fortalecer la formalización productiva y laboral.
CONTINUARA…